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La Audiencia avala la instrucción del juez Torres en el 'caso Malaya'

La Sección Primera desestima los recursos contra el auto de procesamiento

Fernando J. Pérez

La Audiencia Provincial de Málaga ha dado un espaldarazo fundamental a la instrucción del caso Malaya realizada por el juez Miguel Ángel Torres, el primer magistrado encargado de investigar la trama corrupta de Marbella (Málaga). La Sección Primera de la Audiencia ha rechazado los recursos que 62 de los 103 imputados en la causa interpusieron contra el auto de procesamiento dictado por Torres en julio de 2007, en la que fue su última actuación al frente del caso.

En una resolución de 77 páginas que despeja el camino para que las partes presenten sus escritos de acusación y defensa con vistas al juicio oral, la sala considera que el auto de procesamiento "contiene una motivación adecuada y suficiente". "No puede decirse, en modo alguno, que [el auto de procesamiento] sea arbitrario, caprichoso o notoriamente infundado y ello con independencia de lo que pueda acreditarse en el acto del juicio oral", sostiene la sala. Además, rechaza la treintena de motivos de nulidad planteados por los abogados de los imputados, entre ellos el supuesto cerebro de la trama, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. Algunos de estos motivos, como la existencia de una "causa general" en Marbella o la vulneración de la presunción de inocencia son rechazados de plano. Otros motivos, como la supuesta prolongación indebida del periodo de detención, deberán verse en el juicio oral.

Durante la vista de los recursos, celebrada entre el 15 y el 30 de octubre, gran parte de los letrados negaron la validez de los indicios de criminalidad recabados por el juez Torres. Entre estos indicios figuran el llamado Archivo Maras, incautado en la oficina particular de Roca, calificado por el fiscal como una "auténtica contabilidad" de la trama corrupta; las escuchas telefónicas; el entramado societario bajo el que se oculta el patrimonio de Roca o las declaraciones iniciales de algunos procesados. El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, José Godino, afirma que "la Sala no tiene formado criterio alguno sobre la viabilidad de los indicios" y señala que "será en el plenario [vista oral] (...) donde el Tribunal (...) esté en condiciones de formar un criterio sobre lo realmente acontecido en Marbella".

En la vista oral, para la que todavía no hay fecha fijada, la Sala también deberá pronunciarse sobre "cuestiones de fondo" que no puede tratar en este momento del proceso "so pena de ejercitar una función de enjuiciamiento propia y exclusiva del próximo juicio oral". Entre estas cuestiones figuran el valor como pruebas de las iniciales escritas en los sobre con dinero que supuestamente recibían los concejales marbellíes de promotores con intereses en la ciudad a través de la oficina de Roca. También se tratará sobre si los promotores pagaron cohechos a Roca por un posible "estado de necesidad" bajo la amenaza de no poder obtener licencias de obra, o si las declaraciones iniciales de los detenidos son válidas o fueron fruto, como sostienen las defensas, de la presión psicológica de hallarse bajo arresto.

Godino asegura que la Sala "es plenamente consciente de la gravedad de los delitos imputados y la trascendencia económica que, caso de acreditarse, [los procesados] pudieran haber ocasionado en la sociedad de Marbella. Al mismo tiempo, el magistrado reitera la "necesidad de celebrar el plenario para poder emitir un juicio real sobre la supuesta participación de los distintos procesados en cada hecho imputado", pese a tener en cuenta "el perjuicio que este tipo de macroprocesos de extraordinaria influencia mediática producen en la fama, en la profesión y en el patrimonio de los imputados".

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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