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Tensión entre España y Marruecos

La fiscalía pide al juez que ordene nuevos análisis médicos de Haidar

El Gobierno intenta blindarse en el Congreso con un acuerdo de todos los grupos

La Fiscalía dio ayer un primer paso para mitigar la situación médica de Aminetu Haidar, en huelga de hambre desde hace 23 días: pidió al juez que ordene la práctica de análisis médicos a la activista saharaui. El motivo es aclarar la discrepancia entre los distintos informes médicos sobre su estado y determinar si es preciso actuar porque su vida corre peligro. Desde el pleno respeto a su decisión, la Fiscalía entiende que el Estado debe velar por la vida de una persona que se encuentra en un espacio público. Previamente, el juez de Arrecife Jerónimo Alonso dictó una resolución en la que aseguraba: "No ha lugar al traslado forzoso de Haidar a un centro sanitario para que se valore su estado de salud o para que sea sometida a tratamiento médico contra su voluntad". Es decir, que la activista seguirá, de momento, en el aeropuerto de Lanzarote.

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Haidar se ha negado a recibir atención médica y ha dejado su voluntad de no ser alimentada a la fuerza establecida por escrito. Pese a las dudas legales, el Gobierno es partidario de atender a la activista y alimentarla para salvar su vida si llega a perder la consciencia. El ministro de Fomento, José Blanco, aseguró: "No podemos dejar que una persona se muera por falta de alimentación y de acuerdo con nuestras leyes se va a proceder". El PP, según Soraya Sáenz de Santamaría, también es partidario de priorizar la vida de Haidar.

El Gobierno siente que está en un callejón sin salida y quiere mitigar los daños políticos. Por eso ayer empezó a negociar con los grupos parlamentarios un acuerdo que le permita blindarse políticamente ante lo que pueda ocurrir. El Ejecutivo está atrapado entre la posición decidida de la activista y la inflexibilidad de Marruecos. El ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fasi Fihri, amenazó ayer a España con cambiar su política de colaboración para contener la inmigración ilegal.

Con el fin de mitigar los efectos políticos, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, convocó a los portavoces y les pidió que el apoyo se plasmara en una proposición no de ley conjunta. A preguntas de los portavoces, el ministro derivó hacia el delegado del Gobierno en Canarias la decisión inicial de permitir la entrada en España de la activista. Si se logra la unanimidad, la proposición no de ley no se votaría antes del martes 15, pero tendría valor político para fortalecer la posición del Gobierno ante Marruecos. El número dos del Grupo Socialista, Eduardo Madina, contactó con todos los portavoces y constató la disposición a buscar un acuerdo. Les propuso un texto que reconoce los 21 años de "compromiso y activa lucha pacífica" de Haidar, muestra su preocupación y "expresa su deseo de que pueda continuar su trayectoria en defensa de sus ideales con las actividades políticas que estime convenientes, pero sin poner en riesgo su salud o su vida".

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Además, se insta al Gobierno a "redoblar esfuerzos ante Marruecos para buscar una solución", a lograr la mediación de la UE y la ONU y a "apoyar alternativas humanitarias", con mención expresa a "ofrecer estatuto de refugiado a ella y a sus hijos que les habilite para que puedan permanecer en territorio español, entrar y salir de él, y que les sea prestada atención y alojamiento seguros".

Sin embargo, Gaspar Llamazares (IU) pidió al PSOE que rehaga el texto por no incluir referencias a la autodeterminación de los saharauis y a sus derechos humanos y por situar en el primer plano el final de la protesta de Haidar, en lugar de las gestiones a todos los niveles ante Marruecos. Si no se cambia no lo apoyará.

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