Carreteras sin delincuentes

El apocalipsis penal y penitenciario, vaticinado por algunos sectores hace justo dos años, se ha desinflado. Sea porque los españoles están más concienciados o porque la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial ha surtido un efecto disuasorio, pero a pesar de las miserias y limitaciones, los juzgados y de los departamentos que gestionan las condenas han logrado salir sin demasiadas magulladuras del primer asalto contra los delitos al volante. Pocos dudan hoy de que el peaje a pagar en este viaje es perfectamente asumible: en este tiempo la reforma ha ayudado a evitar unas 900 muertes sobre el asfalto, y 2009 concluirá con una cifra que, pese a ser escalofriante, será la menos trágica de la historia en las carreteras españolas: menos de 2.000 muertos.

700 personas están encarceladas por delitos contra la seguridad vial

El perfil del penado a trabajos sociales: joven y con estudios universitarios

La tramitación a través de juicios rápidos de alrededor del 90% de los asuntos de tráfico ha sido clave para que la reforma saliera a flote, así como el establecimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad como sustitutos de la cárcel en buena parte de las condenas (para penas menores de dos años y cuando no existen antecedentes), que, pese a necesitar un impulso, han dejado ver que tienen un inmenso potencial. El 44% de los juicios rápidos ya son por delitos de seguridad vial, aunque éstos sólo representan el 5% de los procedimientos incoados por delito. Según la fiscalía, el aumento de actividad en los juzgados de instrucción en sus funciones de guardia y en los de ejecutorias ha aumentado un 20% desde la reforma penal.

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, señala que "no se han producido gravísimas disfuncionalidades, aunque sí ha aumentado la penuria en la que los juzgados viven desde siempre". Mientras que Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, asegura que el Estado no debería "recurrir al Derecho Penal cada vez que encuentra un problema, sin agotar el margen administrativo. Creo que deben ser más imaginativos, por ejemplo, requisando el coche; porque si no, cuando haya una muerte, ¿qué pena se le habría de poner en términos de escalera?". El catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Murcia Jaime Peris utiliza una imagen para explicar la situación actual de los juzgados debido a la sobrecarga causada por los delitos de tráfico: "Idéntico a la caja de un supermercado, los abogados haciendo cola y el fiscal sentado; llegas allí y el abogado dice: 'Bueno, ¿en cuánto me lo dejaría [la condena]'? Es así, literalmente". Eugenia Doménech, abogada y presidenta de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T, se rebela frente a estos planteamientos y destaca el papel preventivo y concienciador de los nuevos delitos: "Fue un mensaje a la sociedad para dejar claro que determinadas conductas al volante son inadmisibles".

Apenas dos meses después del endurecimiento de algunos supuestos (consumo de alcohol y exceso de velocidad) y la tipificación de otros, como la conducción sin carné, los servicios penitenciarios (no incluye Cataluña) ya habían recibido 1.461 sentencias con obligación de cumplir trabajos en beneficio de la comunidad. Ese año acabó con 33.184. Y cuando llegue la hora de comerse las uvas este año, Instituciones Penitenciarias habrá recibido unas 100.000 condenas a las que tendrá que dar salida antes de que prescriban (las de menos de 30 jornadas lo hacen al año). Mientras, en las cárceles ya hay 700 personas cumpliendo condena por estos delitos, de ellos sólo 10 son mujeres. La causa principal que les metió entre rejas ha sido la conducción temeraria (30,6%), circular con el carné suspendido o sin haberlo obtenido nunca (29,4%) y la conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (28%). En algo menos de un año, entre diciembre de 2008 y noviembre de 2009, la población reclusa cuyo delito principal tenía relación con la seguridad vial se incrementó el 102%.

Los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) se establecieron como una alternativa a la prisión, de forma que el condenado, mayoritariamente joven y con estudios universitarios, purgara su pena sin dejar de lado su vida normal, aunque aportando algo a la sociedad. Más del 85% de las condenas impuestas por los jueces han sido de conformidad, es decir, el acusado acepta los hechos y recibe a cambio una reducción en un tercio de la condena, que generalmente consiste en una multa, retirada temporal del permiso y entre 20 y 180 jornadas de trabajo social. En noviembre, Prisiones había dado salida a 31.606 condenas, ejecutaba 10.535 y estaba gestionando 32.159. Cerca de 36.600 estaban pendientes. Todo ello con 14.267 plazas rubricadas, que en 2008 eran 11.404 y en 2007 no llegaban a 6.000. En Cataluña, pionera de estas medidas alternativas, se cumplieron 2.319 TBC por delitos de tráfico este año, hasta el pasado día 1, mientras que la demanda rozaba las 9.900 plazas.

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, dedica buena parte de su tiempo a patearse España atando convenios para que engorde la bolsa de ocupaciones disponibles. Una labor a veces frustrante: "Es muy importante que funcione. Todos tenemos que redoblar esfuerzos, porque hay una débil conciencia en algunos agentes que deben crear los instrumentos para que eso se cumpla. Algunos de esos agentes, llámense ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, asociaciones, entidades, dicen: '¡Uf, otro lío más!', en lugar de verlo como una oportunidad". También recuerda Gallizo que cada plaza puede estar ocupada por distintas personas en distintos momentos ("tienen una rotación muy alta"), y más que escasez de puestos para trabajos en beneficio de la comunidad habla de "reparto descompensado". Cuando se le pregunta por presuntas prescripciones de alguna de estas condenas, echa mano de un tono tajante: "El infractor debe saber que va a cumplir. Estamos avanzando mucho en poco tiempo, y trabajando con el ámbito judicial para que las sentencias nos lleguen de la forma más rápida posible, dando prioridad a las más cercanas a la prescripción". Para impulsar y agilizar el cumplimiento de penas, el pasado viernes el Gobierno aprobó la creación de talleres en los que los penados recibirán formación y, posteriormente, ayudarán a la concienciación vial en colegios o empresas, o realizarán trabajos en entidades vinculadas con la seguridad vial.

Algunos de los tipos penales retocados o incluidos por primera vez en el Código Penal aquel 2 de diciembre de 2007 responden a lo que se conoce como delitos de peligro abstracto. Es decir, aquéllos en los que el castigo se anticipa al daño para las personas o los bienes. Jaime Peris explica que hace 50 años ya se denunciaba que esa justicia preventiva se estaba extendiendo "peligrosamente como una mancha de aceite". "Bueno, ¡si vieran lo de ahora...! Lo que pasa es que es políticamente incorrecto decir esto porque el Estado tiende a atender a la alarma social... En la penosa reforma del Código Penal que se tramita en el Congreso, de los 150 artículos que van a cambiar más de 50 están relacionados con noticias periodísticas de los últimos tres años. Si se abusa de este tipo de delitos y su realidad aplicativa es decepcionante, al ciudadano le provoca un efecto de desaliento. En los países serios juridico penalmente esto no ocurre". La idea de que se opta con demasiada facilidad por tipificar conductas que podrían evitarse aumentando la sanción administrativa también es compartida por las asociaciones de jueces y por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de la Laguna Esteban Sola: "Aunque la reforma penal [sobre seguridad vial] fue objeto de severas críticas, parece innegable que se ha demostrado muy útil. Con todo, no se ha desvanecido la idea de que incluso mejores resultados se podrían obtener sin la reforma penal" [aumentando las sanciones].

El Código Penal ha sacado de la carretera, al menos temporalmente, a una parte de los infractores más peligrosos y ha supuesto un buen apoyo para el permiso por puntos, al que reforzó castigando con prisión la conducción que había agotado su saldo. Mar Cogollos, directora de Aesleme y una de las principales activistas en favor de la seguridad vial, subraya: "Estamos siendo más conservadores en el ámbito penal que el resto de Europa. ¡Es que hablamos, por ejemplo, de ir a 200 en autovía! No hay que esperar a que haya una muerte para tomar medidas contra esa gente".