El nuevo Código Penal certifica el 'pinchazo' de los trabajos sociales para delitos de tráfico

La reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2007 contemplaba una medida que prometía castigar con dureza a los infractores viales pero evitando llenar de conductores las ya sobreocupadas prisiones españolas. La idea parecía redonda: el infractor, a cambio de no ir a la cárcel (salvo en el caso de los reincidentes) podría ser condenado a una pena alternativa, lo que significaba cumplir una media de 25 jornadas de trabajos sociales, el pago de una multa y la suspensión de entre uno y cuatro años del permiso. En estos dos años y medio, esta medida estrella ha tenido más efecto disuasorio que práctico.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nunca ha podido llevar al día la ejecución de estas condenas, que en algunos casos prescribían en los juzgados, antes de que la ejecutoria llegara a Prisiones. En un intento desesperado de atender las 200.000 condenas de este tipo dictadas desde principios de 2008 Interior puso un parche: decidió sustituir algunas condenas de trabajos por unos talleres viales. La reforma del Código Penal que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) trae importantes reformas en el capítulo dedicado a los delitos relacionados con la seguridad vial. Uno de los más importantes afecta precisamente a los trabajos en beneficio de la comunidad. Y los potencia precisamente.

Los delitos por circular con una tasa de alcohol por encima de 0,60 miligramos por litro de aire espirado, por superar en 60 u 80 kilómetros por hora (según la vía) la velocidad máxima permitida o por conducir sin puntos, con el carné retirado o sin haber pasado nunca por la autorescuela, estaban castigados con penas de cárcel, que pueden ser sustituidas por un pack compuesto por una multa económica y trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que no se trate de un infractor reincidente. Además, en los supuestos de alcohol y velocidad también se aplica la retirada del carné entre uno y cuatro años.

Multas más duras

Con la nueva redacción, el juez tendrá tres alternativas a partir de las navidades: o la cárcel o una multa o los trabajos. Es decir, las condenas de prisión seguirán siendo para los casos más extremos. Para el resto, el juez decidirá, atendiendo a la gravedad del delito, entre una sanción económica o trabajos sociales. Esto supone un alivio para el Gobierno, y supuestamente una forma de suavizar la reforma de 2007, calificada por distintas fuentes como "demasiado dura y poco flexible".

El fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, señala que "no había prácticamente plazas" para ejecutar los trabajos. "La realidad nos desmiente que se pueda aplicar estas penas en todos los casos", explica claramente. Vargas subraya que hasta ahora las multas que se imponían en los juzgados, de hasta 24 meses (a razón de entre 2 y 400 euros diarios) eran normalmente las mínimas al acompañar a los trabajos. Y asegura que ahora las penas económicas serán mucho más altas. Con esa filosofía, un delito que, por ejemplo, acarreaba hasta ahora una sanción de 360 euros podría alcanzar con el nuevo Código Penal, si el fiscal pide el máximo, hasta 288.000 euros.

La reforma penal, que según el diputado de CiU Jordi Jané ha contado con el apoyo de todos los grupos, también permite al juez rebajar en algunos casos la pena de prisión un grado "en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás circunstancias del hecho". Jané, ex presidente de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, señala que "la pena de prisión encaja mal cuando a un conductor le pillan sin haber provocado ni víctimas ni accidente". Además aclara que la nueva fórmula penal es "más flexible" y "deja más margen al juez" para "dar una respuesta ajustada a cada caso concreto". Una opinión que va en la misma línea de la expresada por la Dirección General de Tráfico. "Nos parece adecuado que se flexibilicen las penas y que el juez pueda optar por la más adecuada en cada caso", ha subrayado un portavoz.

Quedarse sin coche

Como contrapartida, la reforma penal, que entrará en vigor dentro de seis meses, contempla una medida muy dura: el decomiso definitivo del vehículo para los casos más graves. Es una vieja reivindicación de la fiscalía. Hasta ahora esta figura se aplicaba sólo para la conducción suicida. Según el fiscal de Seguridad Vial, "a la gente lo que más le duele es la multa y perder el vehículo". Y zanja: "Es un arma muy potente, especialmente para combatir la reincidencia, aunque no se aplicará en todos los casos". También es considerada por las asociaciones de víctimas como una buena opción "para que la gente se lo piense más", asegura Mar Cogollos de Aesleme.

Según el club de automovilistas AEA, la medida es desproporcionada. "Si lo que se persigue es una medida precautoria o cautelar para evitar que se pueda utilizar temporalmente un vehículo mientras alguien está privado del derecho a conducir, o sometido a cualquier programa de desintoxicación de alcohol o drogas lo que habría que regular no es el decomiso sino el depósito, que es una figura más adecuada para estos supuestos, ya que permite recuperar la posesión del vehículo una vez que el automovilista ha pagado su deuda con la sociedad", señala esta asociación en un comunicado.

El fiscal de Seguridad Vial también se muestra muy satisfecho con otro aspecto introducido en la tramitación parlamentaria del texto: los controles de drogas: "La medida es pionera, y los test serán más eficaces y operativos. Esto va a marcar un antes y un después", asegura. La reforma establece la obligatoriedad de someterse a estas pruebas de saliva para la detección de sustancias estupefacientes.