El rechazo de los alcaldes a recaudar el canon del agua frena la nueva ley

El pasado mes de julio, Feijóo anunciaba que el Consello de la Xunta aprobaría este mismo año la nueva ley de aguas de Galicia. La normativa, que incluye una nueva tasa sobre el consumo doméstico e industrial, se ha atascado en la negociación con los ayuntamientos, que rechazan el papel de "cobradores" de este nuevo tributo que les atribuye el borrador del anteproyecto. "No queremos asumir el papel de recaudadores de unos ingresos que van a parar a las arcas de otra Administración", sintetiza el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Fernández. "¿También nos vamos a poner así de escrupulosos con el IVA?", le replica la presidenta de Augas de Galicia, Ethel Vázquez. La Xunta ya ha renunciado a aprobar la ley este año, a la espera de que prosperen las negociaciones con los alcaldes.

En la conferencia de prensa posterior el Consello de la Xunta del pasado 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo informó de que la Consellería de Medio Ambiente había dado cuenta de un informe sobre la nueva Lei de Augas de Galicia, que debería aprobarse en 2009. La principal novedad consistía precisamente en el nuevo canon del agua, un gravamen progresivo destinado a sustituir al de saneamiento, de carácter proporcional. Según Feijóo, se promovía así el uso responsable del agua. Según la oposición, se procedía a una subida de impuestos encubierta, que encarecería el recibo hasta un 140%.

Desde la presentación de aquel borrador, las negociaciones entre la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende Augas de Galicia, y los ayuntamientos, a través de la Fegamp, se suceden sin éxito. El último de esos encuentros se produjo el pasado martes, en la comisión de trabajo creada para analizar la ley. En ella se constataron las diferencias de criterios entre la Xunta y los ayuntamientos. Además del socialista Carlos Fernández, asistieron a la reunión los portavoces de PP y BNG en la federación, dos representantes de las diputaciones y otro de las grandes ciudades. Las diferencias de criterios se mantuvieron intactas.

"Queremos llegar a un acuerdo con los ayuntamientos, el cumplimiento de los plazos es secundario", expone un portavoz de la Consellería de Medio Ambiente, en referencia al compromiso de aprobar la ley en 2009. La presidenta de Augas de Galicia se muestra más firme. "Esto lo tenían que haber planteado antes los alcaldes, porque el informe preliminar de la Fegamp no contenía ninguna alegación al respecto", sostiene. Ethel Vázquez compara el papel recaudador que les atribuye la ley a los ayuntamientos con la tramitación de otros impuestos como el IVA o el Impuesto de Actividades Económicas. La presidenta del ente público añade una advertencia: "Hay cosas que no deberían seguir discutiéndose".

Pero esas cosas seguirán en discusión. Tras el fracaso de la reunión del pasado 1 de diciembre, la Fegamp y Augas de Galicia volverán a verse las caras hacia el día 15, aunque todas las partes coinciden en que las probabilidades de alcanzar un acuerdo en una próxima reunión son muy escasas. "Es un tema complicado y necesita tiempo", advierte Carlos Fernández.

El presidente de la federación asegura que los alcaldes "de todos los partidos" comparten el rechazo a cobrar el nuevo canon. "Su aplicación va a suponer un encarecimiento directo de los recibos, y los ciudadanos interpretan que su dinero va para quienes se lo cobran, cuando no es así", relata el también alcalde de Ames. La Fegamp no plantea gestionar los fondos del canon del agua, sino que la Xunta busque alternativas recaudatorias. Una de ellas es efectuar el cobro en un recibo aparte, girado por la Xunta.