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LA CONTROVERSIA SOBRE LA NACIÓN Y LA LENGUA EN 1978 | 31º aniversario de la Constitución

"Que no sea una bomba retardada"

La inclusión del término 'nacionalidades' puso a prueba el consenso político

El concepto de nación y el tratamiento de las lenguas son dos de los asuntos centrales que tienen bloqueado el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán. Hace 31 años, los diputados constituyentes ya intuyeron los riesgos

Por momentos fueron alfareros pero también orfebres de cincel, cirujanos y, sobre todo, equilibristas. Los 34 miembros de la Comisión Constitucional del Congreso abordaron el 12 de mayo de 1978 una de las "encrucijadas" del texto elaborado por los siete padres de la Constitución: el artículo 2, que proclama la "indisoluble unidad de la nación española" y, a la vez, la existencia de "nacionalidades" en su seno. La consigna, en pos del consenso, era "innovar" con los conceptos -ya venían de hacerlo la víspera con el término "monarquía parlamentaria"-. Y tanta innovación dio lugar a un debate hondo acerca de "la naturaleza de España", emocionante y lleno de dudas sobre lo que el futuro haría con las palabras.

Si UCD se hubiera plantado, el término "nacionalidades" no habría sobrevivido en la Constitución: sus votos y los de Alianza Popular lo habrían tumbado. Pero el término se mantuvo, convencida UCD de que era imprescindible para sumar a PSOE, PCE y las minorías nacionalistas. Aun así, los centristas eran conscientes del riesgo de un término que Gabriel Cisneros (UCD) tildó de "deslizante" y que, según subrayó, ya había tratado de conjurar la ponencia con "el afán compartido de que su introducción no supusiera una bomba de tiempo retardado en la construcción histórica de la unidad española".

Aunque la oposición más frontal fue la de AP -el diputado Antonio Carro sacó la Constitución de la URSS para demostrar que la nacionalidad va ligada al derecho de secesión-, el rechazo llegó por más sitios: el centrista José Miguel Ortí se mostró dispuesto, por ejemplo, a que se diera a las regiones más autonomía incluso que en un Estado federal, pero sin concederles el tratamiento de "nacionalidad". "En este punto concreto se puede romper la concordia de los españoles", argumentó.

"La clave" de la Constitución (Francisco Letamendia, Euskadiko Ezkerra), "la base de la futura distribución territorial del poder" (Rafael Arias-Salgado, UCD), "una hora de inmensa responsabilidad" (Gonzalo Fernández de la Mora, AP), "el tema crucial de la tarea constitucional" (Cisneros). Todo eso y más era el artículo 2, según coincidían los diputados encerrados en comisión para intentar cuadrar el círculo.

"Sentimos la gran responsabilidad de encontrar una formulación constructiva que permita a todos los españoles sentirse tales en su propia especificidad y que no engendre entre ellos, por enésima vez, insuperables divisiones", sentenció Arias-Salgado. Su colega José Manuel Paredes añadía: "El fin trascendente de esta Constitución es resolver ese gravísimo problema, llámesele forma de Estado o simplemente reflexión sobre la naturaleza de España".

"No son los problemas los que se constitucionalizan, son las soluciones. Dios quiera que los constituyentes del 78 no constitucionalicen el problema de las nacionalidades", le replicaba Ortí. Otros, como Hipólito Gómez de las Roces (Candidatura Aragonesa Independiente de Centro), recelaban del camino tomado y advertían: "Ningún territorio español carece de historia, pero la más relevante es la que hicieron en común".

El argumento de UCD era que suprimir el término "nacionalidades" -algún diputado lo tachó de "pluriindefinible", la mayoría de, cuando menos, "confuso"- no haría desaparecer sino que "exacerbaría" los nacionalismos. Por eso había que "constitucionalizar" el concepto, dándole una interpretación que limitase su alcance y evitara "hipotéticas consecuencias desintegradoras". Pero había casi tantas interpretaciones como grupos. La pregunta clave era: ¿Nación y nacionalidad son lo mismo? Si lo son, ¿cómo preservar la soberanía única de la nación española? Ahí van algunas respuestas en el calor del debate de 1978:

Arias-Salgado (UCD): "El vocablo nacionalidad no es ni puede ser fundamento de un derecho a constituirse en Estado [...] Implica, simplemente, el reconocimiento de la existencia de formaciones sociohistóricas a las que se confiere un derecho a la autonomía cuyo límite de principio infranqueable reside precisamente en la soberanía de la unidad política que las comprende".

Miquel Roca (Minoría Catalana): "Nacionalidades y nación quieren decir absolutamente lo mismo. Lo que ocurre es que, en la vida política, los términos se amoldan [...] Naciones sin Estado [son] lo que modernamente ha venido en llamarse nacionalidades [...] Es evidente que España es una realidad plurinacional".

De la Fuente (AP): "He tratado de investigar gramatical, sociológica y políticamente este concepto y no he encontrado la manera de desvincularlo del concepto de nación [...] ¿Entonces es posible la existencia de la unidad nacional desde la pluralidad de naciones? [...] El mantenimiento de los dos conceptos conduce a una tremenda, a una indudable confusión que deja en el futuro en la indeterminación lo que vaya a ser la organización territorial de este país".

Gregorio Peces-Barba (PSOE): "España es una nación de naciones y esto no es nuevo, porque esto es el Reino Unido de Gran Bretaña y del Norte de Irlanda, esto es Bélgica, esto es Checoslovaquia, esto es Yugoslavia y no se puede decir que no sea esta realidad una realidad sin peligro ninguno de separatismos [...] Nacionalidad es sinónimo de nación".

Jordi Solé Tura (PCE): "Estamos ante dos conceptos, ante dos visiones de lo que es España y de lo que es unidad [...] La auténtica unidad de España se basa en el reconocimiento de lo que hay. Eso es lo que hay que articular".

Gómez de las Roces (CAIC): "La ponencia se limita a dar un puntapié al problema, a trasladarlo a mañana. En vez de quitar el proyectil del cañón para que no se dispare, ha preferido ponerle un tapón [...] ¿Quién impedirá que crezca la semilla de la nacionalidad y que en una segunda fase se trate de ocupar una parte alícuota de la soberanía nacional?"

Joan Reventós (Socialistas de Cataluña): "Pretenden conjurar unas posibilidades secesionistas que no existen detrás de la palabra nacionalidades".

Xavier Arzalluz (PNV): "No buscamos ni en la palabra nacionalidades ni en la autonomía un trampolín para la secesión".

Tras pasar por la Comisión Constitucional, todavía habría más filtros al texto -y nuevos debates-: el pleno del Congreso, el del Senado, un foro mixto... Pero el artículo 2 no cambió, y ya en comisión distintas interpretaciones del "alcance" del término nacionalidades dieron lugar a diagnósticos de futuro muy diferentes. "Habrá dos clases de territorios en España y, por tanto, dos clases de españoles [...] Las autonomías nacionalistas van más allá, no nos engañemos, y crearán de alguna manera la punta de lanza permanente", auguró De la Fuente. Ese peligro, terció Solé Tura, dependería a su juicio de otra cosa: "De cómo organicemos el poder político, de cuál sea el juego real de las autonomías y la relación con el poder central". "Allí está la clave del asunto, no en el concepto de nacionalidades", subrayó.

Miguel Herrero de Miñón (UCD) sostuvo que "España era antes, y será después de esta Constitución, una entidad permanente". Pero su compañero José Luis Meilán apuntó: "Evidentemente, no somos dueños de las palabras; a veces las palabras siguen su curso independientemente de quien las pronuncia". "En un periodo constituyente como éste", concluía el diputado centrista hace algo más de tres décadas, "nadie puede saber exactamente cómo terminarán las cosas".

Artículo 2

- "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

- Aprobado en la Comisión Constitucional del Congreso el 12 de mayo de 1978 por 30 votos a favor (UCD, PSOE, PCE, Minoría Catalana y PNV), dos en contra (AP) y dos abstenciones (Francisco Letamendía y Emilio Gastón, del Grupo Mixto).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de diciembre de 2009

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