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Reportaje:31º aniversario de la Constitución

"Ahí queda eso, digiéranlo en el futuro"

Catalanes y vascos intentaron en vano que las lenguas cooficiales fueran de conocimiento obligatorio

El 16 de mayo de 1978, la Comisión Constitucional debatía, entre otros, el artículo 3: el de las lenguas. Así que circularon por la sala Juan Valera, Joan Maragall, Cervantes, Rosalía de Castro... Y, más que cualquiera de ellos, Miguel de Unamuno, cuyo pensamiento esgrimían repetidamente unos diputados y otros, izquierda y derecha, para dar autoridad a argumentos contrarios. Después de que Iñigo Aguirre (PNV) afirmara que el castellano se utilizaba como instrumento de dominación política y que la prueba era la Gramática que Antonio de Nebrija elaboró para Isabel la Católica en el siglo XV, José Manuel Paredes (UCD) perdió la paciencia: "Es completamente ocioso traer a colación la batalla de Lepanto, los tercios de Flandes y otra serie de cosas por el estilo".

Las posiciones, por lo demás, estaban bastante claras: sentado que "el castellano es la lengua oficial del Estado", quedaba por decidir qué rango dar a catalán, euskera y gallego. Alianza Popular pedía que la "cooficialidad" se pospusiera al debate de los Estatutos de autonomía, algo que rechazaban frontalmente las minorías catalana y vasca. Ganaron esa batalla, pero perdieron otra: la de lograr que, en los territorios con lengua cooficial, fuese "obligatorio" conocerla. Justo lo que Cataluña introdujo en su Estatuto de autonomía en 2006 y ahora está en manos del Tribunal Constitucional.

Los argumentos de catalanes y vascos eran similares:

Ramón Trías (Minoría Catalana). "El catalán es el idioma débil [...] Hay que compensar la situación del catalán en la misma Constitución [...] Os voy a pedir una declaración de que el conocimiento del catalán sea obligatorio en Cataluña y se den ciertas ventajas al catalán [...] La cuestión del idioma es la llaga abierta en el costado del pueblo catalán [...] Mientras no se cure envenenará sin remedio nuestras relaciones. Si resolvemos el tema de la lengua, la mitad del problema catalán estará resuelto".

Iñigo Aguirre (PNV). "Sólo creeremos en el valor [de la Constitución] cuando se nos permita la concreción práctica de cuanto subyace en el fondo de esta fórmula [cooficialidad]; cuando en Euskadi, en Cataluña o en Galicia el mundo de la Administración, de los tribunales, de la educación, de la información en todas sus facetas (y sobre todo la televisión) utilicen la lengua propia de la sociedad a la que sirven, y no la lengua del Estado con carácter exclusivo".

Ambos puntualizaron que nada de lo que reclamaban iría en detrimento del castellano —"No vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar idiomático castellano a estudiar en catalán. La lengua materna, como es lógico, debe respetarse para los unos y para los otros", dijo Trías—, pero no convencieron a la mayoría.

Por si había dudas, José Luis Meilán, representante del grupo mayoritario (UCD), lo explicó después de votar: "La obligatoriedad del conocimiento, del uso y, por tanto, derivadamente de la enseñanza, no se va a referir a las demás lenguas de España, sino sólo al castellano". Su compañero Paredes pidió a Trías que se tranquilizase. Había sido "un gran error histórico", dijo, reprimir el catalán y el euskera, pero no era "el castellano" el perseguidor de esas lenguas. Forzar a las "masas" de andaluces, murcianos y castellanos que habían emigrado a Cataluña y País Vasco a "abandonar su lengua" sería una nueva persecución a la inversa.

Hubo espacio para los matices: Jordi Solé Tura proponía cambiar la palabra "también" por "igualmente" al declarar la cooficialidad; y no era un matiz cualquiera: en su interpretación, eso establecía la "igualdad jurídica" entre el castellano y las demás lenguas. No prosperó. "Son cooficiales pero con una cierta primacía de la lengua nacional", subrayó Fraga. El PSOE se mantuvo un tanto al margen, mientras los Socialistas de Cataluña reclamaban "situar el catalán y el castellano al mismo nivel". Y la curiosidad llegó cuando Emilio Gastón (Grupo Mixto) propuso que las "fablas alto-aragonesas" fuesen también cooficiales en dichas zonas porque allí era ésa la lengua materna. No recibió de catalanes y vascos ningún apoyo.

"¿Qué va a pasar con quienes, procedentes de otros lugares de España, quieran ir a trabajar a Cataluña o al País Vasco?", preguntó, por último, Licinio de la Fuente (AP), el más concreto a la hora de imaginar peligros futuros. "¿Qué va a pasar con los funcionarios, con los profesores, con los estudiantes? Los territorios con lengua propia van a ser casi coto cerrado para ellos [...] Y ¿qué territorios, por otra parte, van a ser éstos? Cualquiera lo sabe. Como en el tema de las nacionalidades, la Constitución dice más o menos: ahí queda eso, digiéranlo ustedes en el futuro como puedan". "Qué difícil vamos a poner las cosas, señorías

", suspiraba el diputado.

Una frase de Fraga, a mitad de debate, había resumido tantas dificultades: "Las Constituciones acusan el famoso juego de las siete y media...". Ponía en prosa constituyente eso que el Don Mendo de Muñoz Seca advirtió en verso: "El no llegar da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Mas ¡ay de ti si te pasas! ¡Si te pasas es peor!".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de diciembre de 2009

Fe de errores
En el reportaje sobre el debate constitucional de 1978 publicado el domingo, 6 de diciembre, en la sección España figuraba, en algunas ediciones, la siguiente frase sin atribuir: "Habrá dos clases de territorios en España y, por tanto, dos clases de españoles. Las autonomías nacionalistas van más allá, no nos engañemos, y crearán de alguna manera la punta de lanza permanente". La frase la pronunció el 12 de mayo de 1978 el diputado Licinio de la Fuente (AP) y no Jordi Solé Tura como podría deducirse del texto.