Melancolía constitucional

A punto de cumplirse un nuevo aniversario -el 31º- de la aprobación en referéndum de la Constitución, produce melancolía el recuerdo de aquellos 15 meses constituyentes y del orden de prioridades con el que se negoció el texto y se establecieron las renuncias a los símbolos e identidades que podían perjudicarlo. Esa melancolía se acrecienta cuando, tres décadas después, algunos de los beneficiados por aquel pacto de convivencia, que les permite ejercer la política en una democracia en paz, tratan de socavarlo mediante la apelación a una configuración unitaria de España, que entonces no prosperó, ya que el consenso convirtió al Estado español en una organización territorialmente plural, capaz de conciliar dentro del mismo las distintas "nacionalidades y regiones" que solidariamente lo integran.

El recurso del PP contra el Estatut es contrario al espíritu integrador de nuestra Ley Fundamental

El tiempo constituyente fue comprensivo con personajes inefables, como el senador por Soria Fidel Carazo, que clamaba para que el consenso no expulsara "a Dios de la Constitución", o el también senador -de designación real- almirante Marcial Gamboa, que sólo admitía la disolución del matrimonio "por la muerte de uno de los cónyuges". Pero fue exigente para establecer compromisos políticos que nuclearon las reglas de juego de la convivencia democrática. Así, la temprana renuncia de los comunistas a la República y a su bandera, seguidos más tarde por los socialistas, tuvo su correspondencia en la renuncia de don Juan Carlos a los poderes absolutos heredados de Franco y en su presión sobre la Unión de Centro Democrático (UCD) para que la izquierda fuera coprotagonista de una Constitución que pudo haber sido -sin ese impulso- obra sólo de lo que se llamaba entonces la mayoría mecánica, UCD y Alianza Popular (AP), con la exclusión de socialistas, comunistas y nacionalistas.

El reconocimiento y garantía constitucional del "derecho a la autonomía de las nacionalidades" fue una audacia política de UCD para incorporar a Cataluña al proceso y cumplía una exigencia de Coordinación Democrática, órgano unitario de la oposición antifranquista, creado en los últimos meses de vida del dictador. A sólo dos años de su muerte, produjo un tremendo impacto político, pero hubo arrestos para sacarlo adelante, aunque edulcorándolo con una redacción que mencionara en el mismo artículo a la Patria. Miquel Roca, que el 18 de marzo de 1978 selló el pacto en La Moncloa con Adolfo Suárez, junto a Jordi Pujol, introdujo el término "nacionalidades" en la ponencia constitucional. Se impuso por seis votos a uno. El peso jurídico del ponente comunista y catalán Jordi Solé Tura, lamentablemente fallecido ayer, se hizo notar en éste como en otro puntos progresivos de la Constitución. El único ponente en contra, Manuel Fraga (AP), dejó claro el "hecho indiscutible de que nación y nacionalidad es lo mismo".

He aquí las opiniones de otros dos diputados de AP y ex ministros de Franco: Licinio de la Fuente atribuyó a la constitucionalización de las nacionalidades "un riesgo de desintegración nacional y la punta de lanza que irá introduciéndose en la estructura unitaria de España"; y Federico Silva Muñoz hizo una apocalíptica advertencia sobre "los peligros de secesión" que albergaba en su seno la palabra. Desde UCD, Rafael Arias Salgado defendió incorporar el término para "afrontar la crisis palpable del Estado centrista autoritario propio del régimen dictatorial de los 40 años anteriores y lograr una Constitución aceptable y aceptada por una abrumadora mayoría de españoles, incluidos los del País Vasco y Cataluña".

Con estos antecedentes, ¿cómo es posible que varias decenas de años después el PP, que alardea de proconstitucional, se haya empeñado en retroceder a posiciones derrotadas entonces, mediante un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, superador de dos exámenes parlamentarios y un referéndum popular y cuyo contenido no significa hoy más nacionalismo del que representó la incorporación del término "nacionalidades" a la Constitución? ¿Se da cuenta el PP, que quiere proclamarse heredero de UCD, que, en lo que se refiere a la Constitución, no es más que una excrecencia de AP, la mitad de cuyos 16 diputados no la votaron, y que con su actitud de eliminar de la decisión sobre el recurso a determinados magistrados del Tribunal Constitucional o negarse a renovar a otros que tienen el mandato concluido, su apelación, después de todo eso, al respeto debido al máximo intérprete de la Norma Fundamental, tiene toda la apariencia de una actuación políticamente fraudulenta?

Con el recurso del PP contra el Estatut, contrario al espíritu integrador de la Constitución respecto a la Cataluña no independentista, el principal partido de la oposición puede propinar, además, un golpe definitivo a la credibilidad del Tribunal Constitucional, instrumento básico, en sus primeros años, para imponer a los jueces la aplicación directa de los derechos y libertades que consagra y para concretar y fijar el ambiguo Título VIII, De la organización territorial del Estado, pero aquejado hoy por una grave gripe de falta de auctoritas, por la contaminación que la política partidista ha introducido en su seno, que le aleja de los valores, principios y claves de la Constitución a interpretar. Ojalá un último impulso de profesionalidad jurídica conduzca a elaborar una sentencia capaz de imponer el imperio de la Constitución sin dejar de integrar a la Cataluña democrática en el proyecto colectivo de España.