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Los Centelles se niegan a dejar copia del archivo en Cataluña

Barcelona / Madrid

Lejos del gesto de buena voluntad y de la reconsideración que el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, pidió, respectivamente, a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y a los hijos de Agustí Centelles tras la compra del archivo del fotoperiodista por el Ministerio de Cultura y su posible traslado a Salamanca, la polémica no hizo ayer más que avivarse.

Así, tras las palabras de la ministra por las que sería "un gran placer" dejar una copia del archivo en Cataluña (dando ya tácitamente respuesta al consejero de la imposibilidad de que el archivo regrese a Barcelona), los hijos del reportero, Sergi y Octavi, enviaron ayer una nota a la titular de Cultura en la que se negaban a este extremo. Pero, según un portavoz, abordaron la posibilidad de firmar un convenio de colaboración y reciprocidad entre centros documentales nacionales e internacionales para que las fotografías puedan ser consultadas desde los archivos catalanes y que cualquier fondo de la Generalitat pueda ser consultado por el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.La polémica por la venta del archivo Centelles se ha convertido en un fuego cruzado de declaraciones, a las que se añadió el vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod Rovira, al contraponer la actitud de Madrid con la de la Generalitat, que renunció a un "valioso material histórico" de Juan Negrín por "lealtad institucional". Carmen Negrín, nieta del político, negó ayer a este diario que hubiera negociado con la Generalitat la cesión o venta de cualquier material: "El archivo Juan Negrín no lo he ofrecido nunca ni a la Generalitat ni al Estado español" declaró, si bien añadió: "hace algo más de un año les pedí ayuda para hacer copias porque es un proceso costoso, pero en ningún momento hablamos de cesiones".

Fuentes de Cultura de la Generalitat confirmaron ese extremo: la reunión tuvo lugar el 12 de febrero del año pasado en Barcelona, y en ella, Carmen Negrín pidió alcanzar algún acuerdo para ordenar y digitalizar un archivo que la Generalitat dijo que era "de Estado, por lo que no quisimos intervenir; es más, informamos al ministerio de ello".

Las declaraciones de unos y otros perfilan la película de los hechos. Así, se dio la paradoja de que técnicos de la Generalitat visitaban el archivo Centelles en mayo, cuando también lo hizo la directora del Centro de Salamanca. El 23 de octubre, el ministerio decidió la adquisición. Tres días después, sin saber esta maniobra, pero conociendo otras posibles ofertas ("la opción de Salamanca la dejaron caer alguna vez, pero no creíamos que los hijos de Centelles se atrevieran ni que el ministerio se aviniera a jugar a la subasta", admiten ahora desde el departamento), la Generalitat iniciaba la inclusión del archivo en el catálogo de su patrimonio cultural. El 29 de octubre, el representante de la familia Centelles pedía una mejora de la oferta y 24 horas después, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español daba luz verde a la compra, que se materializó el jueves. La resolución de bien cultural se aprobó el pasado día 10.

Agarrándose a ese calendario, la Generalitat desmintió que se hubiera declarado bien cultural al saberse que iba a ser vendido al Estado y que esa declaración "no implica más que el deber de mantener íntegro el archivo y el derecho de tanteo y retracto". Los Centelles preparan un recurso contencioso-administrativo a esa declaración. CiU pidió la comparecencia en el Parlament de los Centelles y de Tresserras, a quien acusaron de mala gestión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de diciembre de 2009