El PP dice que la ley del aborto priva a la mujer "del derecho a ser madre"

La diputada popular Sandra Moneo, embarazada de siete meses y vestida de blanco inmaculado, acusó ayer en el Congreso de los Diputados al Gobierno de promover una ley, la del aborto, que "atenta contra la dignidad de la mujer, privándola del derecho más inherente, el derecho a ser madre". Fue el cierre de un discurso duro, similar al de las organizaciones antiabortistas, sin ninguna referencia a las deficiencias de la regulación actual y centrado en la maternidad, eludiendo de plano el problema de cómo debería afrontarse la realidad del aborto. Su enmienda a la totalidad del proyecto -junto con las otras tres presentadas por UPyD (el partido de Rosa Díez), Unió y cuatro diputados de Convergencia-, fracasó: 183 parlamentarios de ocho partidos respaldaron que el proyecto de ley siga adelante frente a 162 que apoyaron su retirada.

Moneo dijo que la píldora del día después se vende "como un caramelo"

La objeción es otro debate pendiente entre los defensores del cambio normativo

Pasado este primer escollo, se deben concretar ahora los puntos polémicos que quedan sobre la mesa. Sobre todo, el tema de las menores de 16 y 17 años y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, dijo que, "consciente del intenso debate generado", tratará de "encontrar un punto de equilibrio entre las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios".

Las cuestiones que estaban ayer sobre la mesa eran dos: por un lado, si hace falta modificar la ley; por otro, si la reforma del Gobierno es la más adecuada. Sobre lo primero están de acuerdo todos los que votaron por la continuidad del proyecto (PSOE, PNV, ERC, IU/ICV, BNG, NaBai, un diputado de CiU y Mercé Pigem, también de CiU, que se abstuvo) aunque tengan discrepancias en algún punto. Los que pedían que se retirara, sin embargo, no dejaron muy clara su postura.

Carlos Salvador (de UPN) dijo que "115.000 abortos al año" exigen una reforma, pero no explicó la dirección que debería tener. Rosa Díez (UPyD) coincidió en la necesidad de una nueva normativa, pero explicó que no le gusta el "híbrido de plazos y supuestos" del proyecto de ley. Defendió que lo coherente sería una norma de plazos amplia "fundada en el consenso médico y científico sobre el momento a partir del cual el feto es viable fuera de la madre", pero acto seguido dijo que un "subjetivo derecho a abortar" supondría "una regresión de las libertades públicas".

Unió, a través de Concepción Tarruella, fue más claro: ellos abogan porque la ley quede como está pero que se garantice su "efectiva aplicación". Jordi Xuclà, de Convergència, discrepó. Pidió la revisión de la norma vigente, pero no como propone el Gobierno.

Aído y el portavoz socialista, José Antonio Alonso, enumeraron como defensa de su proyecto los países europeos con ley de plazos: Francia, Alemania, Italia, Suecia, Holanda... La popular Moneo respondió que "el aborto libre" es "un sistema que sólo tiene su reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Este". Dijo también que la píldora del día después se vende "como un caramelo", y añadió: "El embarazo no es ninguna enfermedad, señora ministra, seguro que usted tiene alguna vez ocasión de comprobarlo", lo que provocó la ira de la bancada socialista y provocó una intervención del presidente, José Bono, para precisar que entendía que la referencia a la ministra no tenía "ninguna intención ofensiva".

Los socialistas hablaron del fracaso de la normativa vigente y de la necesidad de proporcionar seguridad jurídica y sanitaria a las mujeres. Y, como no, de los más de 500.000 abortos de los años de Gobierno del PP.

Entre tanta gravedad, hubo un pequeño espacio para el humor. Sandra Moneo dijo que "la sexualidad es cosa de dos". Gaspar Llamazares, de IU, le respondió: "Yo creo que eso se ha abierto mucho gracias a la sociedad española, y deberían ponerse al mismo paso".