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El Congreso revisará la ley que permite la gestión privada de la sanidad pública

Anabel Díez

Doce años después de que se abriera la puerta a la participación del sector privado en la gestión de la sanidad pública, mediante conciertos, convenios y fundaciones, se revisará su funcionamiento ante la convicción de que en algunas comunidades autónomas se ha adulterado la ley de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud. El Congreso aprobó ayer una proposición de ley defendida por el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, con el voto de ICV, PSOE, BNG, Nafarroa Bai y UPyD. En contra se colocó el PP. CiU y PNV se abstuvieron.

Lo cierto es que si esta proposición de ley quedara en los términos redactados por Llamazares, tocaría a su fin el concierto con las entidades privadas. Pero no se llegará a tanto. El Gobierno mantiene su apuesta por "la colaboración "público-privada "de la sanidad, y no quiere "desmantelar" el actual sistema, ante el convencimiento de que en muchas autonomías funciona correctamente. Pero sí está de acuerdo con poner coto al deslizamiento hacia "la privatización", que se detecta en algunas autonomías, por ejemplo Madrid y Valencia, como denunció la portavoz socialista Pilar Grande. La tarea no es fácil porque la competencia la tienen en exclusiva las comunidades. No obstante, el Grupo Socialista confía en que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, las convenza de que la colaboración no deber convertirse en privatización, como denunció Llamazares.

No obstante, antes de que se discutiera la propuesta de IU, hubo debate en el Grupo Socialista ya que algunos diputados madrileños insistieron en votar con IU, ante las dudas del grupo de unirse a una posición que consideran maximalista. Rafael Simancas, Juan Barranco y Manuel de la Rocha, recordaron que la revisión de la ley es una reivindicación constante de la oposición socialista en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid, junto a las plataformas de defensa de la sanidad pública

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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