El juez impone 750.000 euros de fianza por el 'caso Gürtel' al diputado Bosch

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en su variante de Madrid, ha fijado una fianza de 750.000 euros al aún diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. Éste fue citado por el juez el pasado verano, pero se negó a declarar y adujo que lo haría cuando se levantase el secreto del sumario. El juez no le fijó entonces ninguna fianza, pero le imputó genéricamente delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros.

Los indicios delictivos que pesan sobre Bosch tienen relación con su etapa como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), cuando era alcalde de este municipio Arturo González Panero, El Albondiguilla, otro de los imputados del caso Gürtel. Supuestamente, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy Concept, una de las empresas de la trama Gürtel, la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento durante 14 años.

Bosch fue expulsado del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid tras ser imputado por el juez y era el único de los tres diputados madrileños (los otros son el ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco) al que el juez no le había fijado aún fianza. Ahora lo ha hecho tras informarle de los cargos que pesan sobre él. A López Viejo el magistrado le impuso una fianza de 750.000 euros, y de 950.000 a Martín Vasco, todas ellas instadas por las fiscales anticorrupción del caso Gürtel. El juez ha dado orden de embargar bienes a estos diputados si no pagan las fianzas impuestas.

Ya van 5,25 millones

En total, el juez ha fijado hasta el momento fianzas a los políticos imputados que suman 5,25 millones de euros. Asimismo, el juez Pedreira fijó ayer otra fianza de 650.000 a Isabel Jordán, la administradora de una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. En el caso de que no abonaran la cantidad exigida, el magistrado también ha dado orden de que se decrete el embargo de sus bienes hasta completar la cifra fijada.

Isabel Jordán, subordinada de Francisco Correa que planificó la expansión de la red corrupta en Valencia, admitió ante el juez Garzón el pago de 30.000 euros en trajes para Francisco Camps: "He hecho trabajos reales para la Comunidad [Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps".