Medio Ambiente defiende la venta de fosfoyesos de Fertiberia como abono

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, cerró ayer filas con Fertiberia en el caso abierto por la venta de fosfoyesos con restos de uranio que detectó un equipo de la Guardia Civil en una inspección de la pasada primavera. Según Castillo, la empresa lleva tres décadas comerciando con los residuos de las balsas onubenses, que vende como enmienda para tierras del Bajo Guadalquivir. Estos subproductos se utilizan para corregir el PH de algunas zonas de cultivo, algo permitido por la normativa estatal. La Guardia Civil advirtió de que contienen restos de uranio y otros metales y de que podrían filtrase a través de la lluvia o el riego, "con el consiguiente riesgo de ser absorbido por las plantas de cultivo". El caso está actualmente en un juzgado de Lebrija (Sevilla).

La Junta sancionará a los constructores de una balsa ilegal junto a Doñana

Castillo se mostró ayer convencida de la seguridad de las balsas y los residuos que contienen. Citó un informe elaborado a petición de la Comisión Europea en el que se descarta "cualquier tipo de radioactividad en los fosfoyesos", que está "dentro de los niveles permitidos". "El hallazgo [de uranio] estará siempre por debajo de lo que ha determinado el Consejo de Seguridad Nuclear" en este último informe, fechado el 20 de septiembre.

"La Junta no tiene competencias", dijo respecto a la posibilidad de suspender la venta de los fosfoyesos, planteada por varias organizaciones ecologistas: "La Junta no es parte, ni tiene posibilidad de serlo". La consejera también recordó que el uranio es "un elemento con el que vivimos" y, en el caso de Fertiberia, no hay riesgo: "El informe de septiembre me da mucha tranquilidad".

La organización ecologista Greenpeace, una de las que ha denunciado la venta de los fosfoyesos, defendió ayer la fiabilidad del análisis elaborado por el Seprona y acusó a Medio Ambiente de "amparar el tráfico de residuos". El responsable de la campaña de energía nuclear de esta asociación, Carlos Bravo, sostuvo que es "inaceptable" que la consejera "ponga en duda la credibilidad del trabajo y los informes del Seprona".

Por otro lado, la organización ecologista WWF denunció la semana pasada la construcción en la localidad de Almonte (Huelva) de una balsa para el riego. La balsa, según esta asociación, se surtiría de los pozos ilegales que hay en la zona. Castillo confirmó ayer que la obra se ha acometido sin autorización, que ni siquiera se llegó a solicitar. "No había autorización para movimientos de tierras", señaló Castillo, quien anunció que la obra ya está paralizada, se ha abierto un expediente y sobre los responsables se aplicará "la máxima sanción posible", aunque no supo precisar en qué consistirá exactamente. La consejera detalló que la Junta de Andalucía tuvo conocimiento de la existencia de esta balsa el viernes, cuando miembros del Seprona y agentes de la Policía Autonómica comprobaron que la obra "no tenía ningún tipo de autorización".

WWF detalló a través de un comunicado que la balsa no podría tener autorización porque "hace más de dos años que la Agencia Andaluza del Agua deniega todas las licencias para la creación de balsas de regulación en esta zona".