Las escuchas a presos con sus abogados son válidas si éstos 'lavan' dinero de los reclusos

La Fiscalía General del Estado no tiene ninguna intención de actuar contra las dos fiscales anticorrupción que han investigado el caso Gürtel y que pidieron al juez Baltasar Garzón que autorizase la intervención de las comunicaciones entre los principales implicados y sus abogados defensores en prisión, según han asegurado fuentes fiscales.

Según estas fuentes, la intervención de las comunicaciones entre inculpados y sus abogados está amparada por la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

La directiva impone obligaciones relativas a la notificación de operaciones sospechosas en la lucha contra la delincuencia organizada a todos los Estados de la UE. El endurecimiento de los controles financieros ha llevado a que notarios y profesionales jurídicos independientes tengan que estar sujetos a la directiva cuando participen en operaciones financieras o empresariales o de asesoramiento fiscal, en las que existan transacciones sospechosas de servir a fines de blanqueo. Respecto a los abogados, la directiva dice que cuando están representando a sus clientes en acciones judiciales sería "improcedente imponerles la obligación de notificar sospechas de blanqueo de capitales".

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"Es preciso", prosigue la norma, "que existan dispensas a la obligación de notificación o información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente". Sin embargo, hay una excepción: "El asesoramiento jurídico sigue estando sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en actividades de blanqueo de capitales, que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo de capitales, o que el abogado sepa que el cliente busca el asesoramiento jurídico para el blanqueo de capitales".

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Es decir, las comunicaciones cliente-abogado no están amparadas por el secreto cuando un juez ordena su intervención; pero además la intervención está amparada por la normativa europea cuando se sospecha que la asistencia letrada al detenido o preso se utiliza para hacer desaparecer el dinero procedente de la corrupción.

El juez Baltasar Garzón, a instancias de las dos fiscales anticorrupción del caso Gürtel, ordenó la intervención de comunicaciones entre los primeros detenidos y sus abogados precisamente para evitar que los letrados pudieran dar al traste con las investigaciones. Parece que acertó, pues a raíz de las primeras escuchas fueron imputados también los abogados del cerebro de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo, entre otros.

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