La Generalitat multa a Martorell por hacer un aparcamiento en una zona de riadas del Anoia

La Agencia Catalana del Agua (ACA), el ente de la Generalitat que controla las cuencas hídricas, ha impuesto una multa de 30.000 euros (la máxima posible) al Ayuntamiento de Martorell (Baix Llobregat) por incumplir sus mandatos y construir un aparcamiento en una zona inundable, a orillas del río Anoia. La sanción, que deberá ratificar el ente catalán tras estudiar las alegaciones del Consistorio, establece que las obras, realizadas sin el consentimiento de la Generalitat, son peligrosas para los habitantes de Martorell, puesto que el riesgo de inundación de la zona es alto.

El Consistorio de Martorell, capitaneado por CiU, inició las obras en octubre. Decidió convertir parte de la orilla del río Anoia, que rodea la localidad, en una vía de dos carriles coronada por un aparcamiento. Hasta el momento, el río estaba bordeado por una pista de tierra en la que estaba prohibido aparcar. El camino cumplía una función ecológica clave: dar base al río para evitar que su caudal se desbordase. Además, al ser la orilla de un río, estaba catalogado como dominio público hidráulico, es decir, territorio controlado por la ACA, que debía otorgar el permiso oficial para poder urbanizar.

La entidad ecologista Martorell Viu y el partido independentista CUP denunciaron al Consistorio ante la ACA. Ambas agrupaciones denunciaron las altas probabilidades de inundaciones de la nueva calle, situada bajo el puente de la antigua N-II. Técnicos del ente comprobaron que, sin su consentimiento, el Ayuntamiento había urbanizado la orilla izquierda, y conminaron al gobierno municipal a pedir permiso oficial para continuar las obras. El Consistorio no sólo no obedeció el mandato, sino que también urbanizó el margen izquierdo del río.

El rifirrafe administrativo acabó en denuncia: en abril, la ACA denunció a Martorell por incumplir sus requerimientos. El ente autonómico consideraba que las obras no podían ser legalizadas por encontrarse demasiado próximas al río, y exigía al Consistorio a volver la orilla a su condición original, a deshacer las obras por seguridad. El Ayuntamiento, que omitió dar su versión hasta que la denuncia sea definitiva, se defendió: argumentó que sus trabajos cumplían todos los requerimientos legales y que se encontraban en un territorio catalogado como urbano.

Pese a sus argumentos, la denuncia prosperó, y el tiempo acabó dando la razón a los que defendían la peligrosidad del aparcamiento. En octubre, unas precipitaciones que dejaron 50 litros por metro cuadrado en la zona incrementaron abruptamente el caudal del río, habitualmente exiguo. El crecimiento de las aguas llegó hasta el aparcamiento, que se anegó completamente. La rápida intervención de la Policía Local, que retiró los vehículos aparcados, y el fin de las lluvias intensas, que sólo duraron unas horas, evitaron una desgracia mayor.