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Reportaje:La polémica sentencia sobre Cataluña

Y de telón de fondo, la presidencia

La estrategia de Aragón para acceder al cargo puede haberle perjudicado

La cuestión que se debate en círculos políticos y constitucionalistas es si la postura del progresista Manuel Aragón Reyes podría costarle la presidencia del Tribunal, cargo para el que figuraba en cabeza entre los posibles candidatos tras la renovación que se produzca después de la sentencia del Estatuto. Tradicionalmente, a la presidencia y vicepresidencia acceden los magistrados del segundo escalón, los que llevan ya seis años en el Constitucional y les quedan los tres últimos. Esta regla sólo se alteró en el caso de Francisco Tomás y Valiente, que accedió al puesto tras sus tres primeros años de mandato.

Pero con el retraso en la renovación, el pasado 6 de noviembre, los del escalón de seis años han cumplido ocho en el Tribunal. Son Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay y les queda uno, es decir, deben ser renovados en noviembre de 2010. De este grupo de tres, debido a los problemas de salud de Javier Delgado y el amplio rechazo que suscitaría la candidatura de Gay, la que más posibilidades tendría sería la ponente Elisa Pérez Vera.

Medios próximos al Tribunal sostienen que el abogado catalán Eugeni Gay mantiene un discurso en Cataluña y otro en Madrid. Mientras en Cataluña defiende que cualquier nimia modificación afecta a la columna vertebral del Estatuto y haría mucho daño a la comunidad autónoma, en Madrid habría aceptado la ponencia de Pérez Vera sin el término "nación". En cualquier caso, pasa por no ser el más popular entre los magistrados.

En cambio, el arduo trabajo que ha desarrollado Pérez Vera, tras cuatro borradores de la ponencia, le están granjeando el reconocimiento de los demás magistrados, que podría traducirse en apoyos si finalmente la sentencia es razonable. Aunque le quedaría menos de un año de mandato, quizá sólo unos meses, sus partidarios explican que el modelo italiano ha consentido el nombramiento de algún presidente incluso para menos de dos meses. A su favor estarían también otros factores, como que tras el relevo de María Emilia Casas no habría otra mujer al frente de ninguna de las altas instituciones del Estado y que mantener separadas las renovaciones por tercios es lo que plantea la Constitución. Pero en su contra pesa el corto periodo de mandato.

Todo apunta, pues, a que la presidencia se dirimirá entre los del tercer escalón, es decir, entre Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, y que cuentan ya cinco años en el Tribunal. Aunque el único que ha evidenciado deseos de acceder al cargo ha sido Aragón, su estrategia por asegurarse el puesto puede haberle perjudicado. Sala cuenta en su haber presidido el Supremo y el Poder Judicial y sería el primer magistrado de carrera que preside el Constitucional, ya que hasta ahora todos los presidentes del Constitucional han sido catedráticos de universidad. Pérez Tremps, el magistrado más joven del Tribunal, ha superado sus problemas de salud y podría entrar en la liza. Las malas relaciones entre Aragón y los otros dos magistrados, que no le votarían, le ponen a éste las cosas más difíciles.

Dado que tras la renovación debería haber mayoría progresista, en principio, no se plantea que el conservador Rodríguez Arribas acceda al cargo, aunque sobre el papel, tendría garantizada la vicepresidencia. Pero hasta para eso puede haber excepciones: en primer lugar porque en anteriores etapas del Tribunal ha habido presidentes y vicepresidentes pertenecientes al mismo sector: tal ha sido el caso de Tomás y Valiente y Luis López Guerra, o de Pedro Cruz Villalón y Carles Viver. Y aunque sería más difícil, tampoco cabe descartar incluso la presidencia de un conservador al frente de una mayoría progresista. Casas, que accedió al cargo después de que el conservador Vicente Conde fuese defenestrado por dos de sus compañeros, es un buen ejemplo de ello.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de noviembre de 2009