El PNV se suma a la petición de que se reserven empleos públicos a las víctimas

El PNV se sumó ayer a PSE y PP en la petición de que se reserve un cupo de plazas de funcionario a las víctimas del terrorismo. Los tres partidos mayoritarios del Parlamento unieron sus votos en la Comisión de Derechos Humanos para instar al Gobierno central, mediante una proposición no de ley, a que reforme el Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de favorecer una discriminación positiva hacia quienes han sufrido la violencia de ETA. Sólo EB y Aralar se abstuvieron en la votación.

La principal dificultad a la que se enfrenta la propuesta, similar en su forma a la planteada por otros colectivos desfavorecidos, es su "encaje legal", aunque el Ejecutivo de Zapatero ha mostrado ya su voluntad de estudiarla "con detenimiento y cautela". En la actualidad se está tramitando en las Cortes Generales la modificación de la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, circunstancia que permitirá abordar los problemas legales existentes.

La propuesta inicial del PP, modificada por el PSE, logró finalmente el apoyo del PNV, aunque la formación nacionalista se hizo eco de la cautela manifestada desde la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del propio Gobierno vasco, que ha recalcado la conveniencia de elaborar un estudio previo sobre las necesidades laborales del colectivo antes de dar un paso en falso. La parlamentaria socialista Joana Madrigal replicó que "lo importante ahora es modificar el estatuto del empleado público" y que las necesidades concretas ya se determinarán "más adelante".

Desde 2003

La cuestión no es nueva. Se remonta a 2003, cuando el Parlamento ya aprobó una resolución similar sobre la que volvió a pronunciarse en 2005. Dos años más tarde, y ante un requerimiento del Ararteko, el Ejecutivo dictaminó que el estatuto del empleado público suponía el mejor encaje legal de la propuesta. Por eso, el debate de ayer se centró en la modificación de la normativa que regula el trabajo de los casi tres millones de funcionarios que hay en España.

La decisión, en cualquier caso, no se adoptó por unanimidad. EB y Aralar se abstuvieron en la votación. Con un concepto más amplio de víctima terrorista, la portavoz nacionalista, Aintzane Ezenarro, reclamó al Gobierno que ponga en marcha actuaciones encaminadas a reparar a quienes han padecido "violencia de motivación política". Aunque sin representación en la comisión, EA manifestó su rechaza a una propuesta que, en su opinión, conlleva el riesgo de "caer en tratos de favor y agravios comparativos".