Licencias por el suelo en Chamberí

Tirados en el suelo de los pasillos. Al lado de los maceteros y mostrando, en algunos casos, parte de su contenido. Desde hace más de seis meses, centenares de expedientes que se tramitan en la Junta Municipal de Chamberí, que preside Isabel Martínez Cubells, están amontonados en el suelo y el pasillo de la segunda planta. Algunos, junto a la oficina de disciplina urbanística. "No tenemos espacio", aducen a través de una portavoz. Ese piso es donde los ciudadanos se citan con funcionarios o con el propio gerente para resolver problemas o dudas con las licencias u obras que están tramitando.

Por esos pasillos pasan cada día los limpiadores, los reponedores de las máquinas de bebidas, el personal de mantenimiento o los vocales de la oposición. Centenares de personas a final de mes que deberían ser ajenas a la información que contienen los expedientes almacenados en el pasillo. Esos documentos corresponden a trámites en marcha, algunos con fecha de este mes de noviembre. Los que están concluidos, dice la Junta, se remiten al archivo central.

El distrito era uno de los más atascados en 2007, según una auditoría municipal

Este periódico ha comprobado lo fácil que podría ser robar uno de esos expedientes o husmear en él. La concejal de ese distrito, mediante un comunicado, responde que "están custodiados por el personal de la Junta y ordenanzas". Fuentes de los trabajadores de la Junta no lo ven tan claro. "Lleva así mucho tiempo. No se entiende, porque en la planta baja ahora hay mucho espacio para almacenar todos estos documentos. Y los expedientes, muchos ratos, no tienen vigilancia", critican.

Hace dos años y cinco días estalló el caso Guateque: una red corrupta de funcionarios que cobraban por hacer con celeridad unos trámites en medio del atasco del proceso de concesión de licencias municipales. En estos 24 meses van ya 80 imputados. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, prometió medidas: invirtió dinero, auditó las tripas de su consistorio, reformó la ordenanza y privatizó parte del proceso de tramitación de licencias (sistema que todavía no está en funcionamiento). Pero en algunos lugares todavía no ha llegado la modernización. Al menos en lo que respecta a tener armarios seguros.

Según los datos de las auditorías realizadas por el Ayuntamiento que se conocieron tras estallar el caso de corrupción, Chamberí tardaba el triple que otros distritos en tramitar licencias comunes. Mientras destinaba, en junio de 2007, 449 días en resolver, Vicálvaro lo hacía en 157. En esa fecha, Chamberí había completado el 38% de los expedientes que estaba tramitando, cifra que contrastaba con la de la mayoría de distritos, que habían resuelto al menos un 60%.

La Junta de Chamberí, junto con la de Centro, fue la primera inspeccionada por la Guardia Civil cuando se conoció el caso. Una funcionaria de esa Junta fue imputada.

El desorden en el que vive dedesde hace meses la Junta de Chamberí podría incurrir en una vulneración de la Ley de Protección de Datos y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, que regula la custodia de ficheros de papel. "El reglamento hace hincapié en que los documentos sólo puedan verlos aquellos que estén autorizados y que sean almacenados de forma segura", recuerda la abogada especialista en protección de datos Paloma Llaneza. "Por lo que los expedientes deberían estar fuera de la vista del público y guardados en un almacén cerrado. No debe verlos ni siquiera ningún funcionario que no se dedique a esos menesteres", añade esta especialista.

La Junta también alega que es una situación "muy temporal, que se resolverá en un plazo muy breve". El 15 de diciembre, dicen. El Ayuntamiento ha sacado a concurso el almacenaje de expedientes. La firma ganadora guardaría, a partir de ese 15 de diciembre, todos los documentos fechados hasta 2007 y la Junta continuaría custodiando los más recientes.El concejal socialista Óscar Iglesias adelantó ayer que el PSOE denunciará el caso de los expedientes de la Junta de Chamberí a la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. "Es muy grave el problema de descontrol, la falta de custodia de expedientes y el incumplimiento de la norma de confidencialidad. El Ayuntamiento, y concretamente vicealcaldía, tiene que asumir responsabilidades. Daremos traslado a la Agencia de Protección de Datos", critica Iglesias.

Aunque la agencia actúe, que suele hacerlo de oficio, las administraciones públicas no reciben ninguna sanción. Simplemente se las apercibe y se da traslado al Defensor del Pueblo. Llegados a ese punto, si los afectados creen que se les ha causado algún daño, puede denunciarlo en los tribunales y pedir una indemnización.

La junta de distrito, en el comunicado que mandó ayer a este periódico, alega también que "en el Pleno de la Junta Municipal del día 4 de noviembre de 2009 se informó a los grupos municipales de las soluciones que se estaban poniendo en marcha para evitar que los expedientes ya concluidos desde el punto de vista administrativo no estén en el archivo de la Junta Municipal".

Se entiende que esas soluciones pasan por el contrato de almacenamiento con una empresa privada que entrará en vigor el próximo 15 de diciembre.