Tres ONG denuncian la vulneración de derechos en el CIE de Aluche

Dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche hay policías -ocho o 10 por turno- e inmigrantes retenidos por quedarse en España ilegalmente y no poseer permiso de residencia. Son enviados allí por un juez tras una estancia máxima de 72 horas en una comisaría. Por las mañanas hay un médico. Casi nadie más. No puede entrar ni Cruz Roja, que deja sus cajas en el exterior, en el patio, aunque eso va a cambiar con la nueva Ley de Extranjería, que está en plena tramitación.

Las versiones de algunos internos y de los policías sobre lo que sucede en el interior de este lugar, inaugurado en 2005 y con capacidad para 300 internos, difieren de raíz. "Hay buen ambiente, pocos vigilantes, falta de tensión y buen rollo", describe un agente, representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo. "Si te pones bravo te golpean y es un sitio incómodo y sucio, pero ya sabemos que no es un hotel, aunque nosotros lo llamamos así", comentó a este periódico un ecuatoriano que acababa de salir. La nueva Ley de Extranjería prorroga de 40 a 60 los días que se puede permanecer encerrado en estos sitios (hay nueve en toda España y ninguno de los demás tiene significativas quejas de usuarios ni instituciones).

El Defensor del Pueblo ya señaló faltas en la atención médica

"Los agentes de allí son jóvenes y no quieren problemas", dice un policía

En el lado de quienes denuncian, tres organizaciones -Ferro-carril Clandestino, Médicos del Mundo en Madrid y SOS Racis-mo- presentaron ayer un informe realizado con entrevistas a 40 personas retenidas en el centro desde 2007 hasta marzo de 2009. Algunas de sus conclusiones son que no se respeta la intimidad ni los derechos de los retenidos. Se recurre en ocasiones a la violencia física y con mucha frecuencia a la verbal. Las visitas y las comunicaciones son escasas y arbitrarias. La higiene es deplorable y los inmigrantes están hacinados en celdas cerradas desde fuera.

El Ministerio del Interior, a través de un portavoz, precisa que se cumplen "todas las garantías del Estado de derecho". Incluyendo la fiscalización del lugar por jueces, fiscales, el Parlamento Europeo o el Defensor del Pueblo. Precisamente, Interior concede algunas críticas de esta última institución, lo que "demuestra que hay garantías de derecho y que las deficiencias son subsanadas porque hay mecanismos para ello". El portavoz concluye recordando "el compromiso del Gobierno de mejorar y aumentar la transparencia de estos centros". También recuerdan que el ingreso y posterior salida de inmigrantes siempre es por mandato judicial y que tienen la asistencia de sus abogados en todo momento.

El Defensor del Pueblo, en su Memoria general de 2008, incluye algunas observaciones sobre "la tensión observada en el centro" y sobre la no muy modélica atención médica. Su visita estuvo motivada por una huelga de hambre que hubo allí. Tampoco el Parlamento Europeo se llevó en 2008 una gran impresión de estos lugares en España: "Higiene deplorable y trato innecesariamente severo" son algunos de sus apuntes.

El informe, presentado ayer, es un largo cúmulo de entrecomillados extraídos de las entrevistas realizadas a extranjeros que estuvieron internados en el CIE, una pequeña parte de los más de 4.000 personas que pasan anualmente por el centro.

En sus conclusiones, el estudio habla de "sistemas de castigo y aislamiento", que un entrevistado verbalizó así: "Si no les gustas, si eres problemático, si no haces lo que la policía te dice, te llevan a las celdas debajo del CIE y te encierran durante tres días. No llamas, no hablas con nadie, no ves fuera, estás solo en tu habitación". Interior, igual que los sindicatos policiales, niega tajantemente ese extremo y explica que esos lugares aislados son para "las personas que se autolesionan o por cuestiones de la seguridad de todos. Además, sí pueden recibir visitas". Un contraste de pareceres que se extiende por todos los capítulos. "Te llaman gilipollas, negro, indio", refleja Esther, hondureña. "Nos decían que somos la lacra de la sociedad, que deberíamos irnos a nuestro país atados como animales", asegura Miriam, boliviana.

En opinión de la jurista Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y asistente ayer al acto, "lo más preocupante de este lugar es que quienes velan por la seguridad de los internos y quienes deberían recoger sus denuncias son los mismos que habrían cometido los delitos". "¿Cómo pueden decir que se les tortura y a la vez denunciar que se sienten vigilados por cámaras de seguridad? Si hubiera torturas también las grabarían las cámaras", apunta un portavoz de Interior.

Tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Confederación Española de la Policía (CEP) mantienen que no se producen agresiones ni vejaciones. "Los policías suelen ser jóvenes y de las últimas promociones, por lo que suelen tener mucha paciencia para evitar entrar en problemas con el régimen disciplinario", explica Felipe Brihuega, del SUP.

Ambas formaciones confirmaron que existen dos habitaciones de aislamiento, dotadas con ventana, servicio y cama. Allí se mete a los internos que cometen robos, se enfrentan con otras personas o están especialmente violentos. "Siempre que alguien está ahí se informa a la autoridad judicial, y se hace por la seguridad de ese interno y del resto. Hay unos protocolos de actuación y se aplican como tales", añadió un portavoz de la CEP. "Algunos intentan crear problemas para que les expulsen y no estar internados, pero no lo consiguen", destaca Brihuega.

El documento de las organizaciones concluye con una carta escrita a mano: "Respetuosamente, los internos del CIE solicitamos que la Comunidad se manifieste contra el trato inhumano que los indocumentados estamos sufriendo en este centro".