Ribó avisa que algunos colegios se han convertido en guetos de inmigrantes

Lejos de solucionarse, la concentración de los alumnos inmigrantes en algunas escuelas es un fenómeno que se agrava en Cataluña. Lo denunció ayer el síndic de Greuges, Rafael Ribó. Hace un año ya alertó de esta tendencia, y, pese a la aprobación de la Ley de Educación, se siguen sin aplicar los instrumentos legales que les permitirían frenarla, añadió el defensor del pueblo catalán.

Ribó calificó de "tendencia errónea que dificulta el futuro del país" que el porcentaje de inmigrantes siga creciendo en centros-gueto que ya están saturados, mientras que cerca de ellos, a veces incluso en los mismos barrios, hay otros con una presencia baja de extranjeros. Señaló que también hay centros concertados con altos porcentajes de inmigrantes, a pesar de que en Cataluña el 83% de los alumnos inmigrantes de etapas no universitarias acuden a centros públicos -que representan el 60% de las plazas escolares-, mientras que los concertados -que suponen el 40%- acogen al 17%.

La concertada tiene el 40% de las plazas y sólo acoge al 17% de extranjeros

La asociación de familias de alumnos Fapac también denunció que sigue produciéndose "una segregación de los alumnos con necesidades especiales", y lamentó que el nuevo decreto de admisión de alumnos, que sería un instrumento contra la segregación, no llegará hasta de aquí a tres cursos, en 2012-2013.

Para explicar qué medidas dejan de aplicar las administraciones, Ribó puso de ejemplo de Sant Celoni (Vallès Oriental). Allí se ha pactado que las concertadas acepten a cuatro alumnos con necesidades especiales por aula, que los distintos centros se repartan los que llegan durante el curso y la Policía Local comprueba que no haya empadronamientos falsos, es decir, que los padres no inscriban a sus hijos en un domicilio en el que no viven para poder optar a una plaza en un centro determinado, explicó su alcalde, Francesc Deulofeu (CiU).

El otro gran problema de la infancia en Cataluña son las deficiencias en la atención a los menores inmigrantes no acompañados, añadió el síndic, en el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la Convención sobre Derechos del Niño.

Dentro de la escala de problemas a los que se enfrenta la política catalana de protección de la infancia, Xavier Bonal, adjunto del síndic para estos temas, colocó la situación de estos chicos en la cúspide. "Hay decisiones de la Administración claramente cuestionables", dijo, refiriéndose al "uso que se está haciendo de las pruebas de determinación de edad" de jóvenes que tienen documentos que les acreditan como menores. "No tiene sentido que haya un pasaporte en regla y se dé más importancia a las pruebas", remachó. Ribó puntualizó, sin embargo, que el problema no son tanto los métodos de determinación de edad como los déficit que su institución ha detectado en el sistema de acogida de estos menores. "La presión en determinados centros de acogida", con una capacidad de alojamiento limitada, dificulta la tarea de la Administración, denunció. El síndic puso énfasis en señalar las consecuencias que eso tiene para el amparo legal de estos menores. Como no están acompañados por familiares, constan como desamparados y, por eso, la Generalitat asume su tutela, pero lo hace "de forma provisional". Así, a veces los afectados no reciben el asesoramiento legal que requieren, por ejemplo, cuando están sujetos a un proceso de repatriación.