Veinte años de impunidad por el crimen de la UCA

Justo una semana después de la caída del Muro de Berlín y el mismo día en que decenas de miles de personas despedían a La Pasionaria en Madrid, la trágica noticia del asesinato de Ignacio Ellacuría (Portugalete, 1930) en El Salvador conmocionó al mundo. Junto al entonces rector de la UCA (Universidad Centroamericana) encontraron la muerte los también jesuitas Ignacio Martín-Barro, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, asesinados, junto con su ama de llaves y la hija de ésta, Elba y Celina Ramos, por miembros del Ejército salvadoreño.

Las víctimas, sacadas de sus habitaciones de la casa comunitaria de los religiosos aquella madrugada del 16 de noviembre de 1989, fueron ultimadas por soldados del batallón Atlacatl, que dejaron pintadas en la UCA atribuyendo el crimen a los guerrilleros del FMLN.

Ellacuría era brillante e irónico, cerebral y un formidable dialéctico

La derogación de la Ley de Amnistía salvadoreña podría esclarecer los hechos

La Audiencia Nacional abrió en febrero pasado una investigación

Ellacuría había regresado pocas horas antes a El Salvador después de un "prudente" exilio de varias semanas, como se había visto obligado a hacerlo bajo protección diplomática entre noviembre de 1980 y abril de 1982.

En ese pequeño país centroamericano, donde entre 1980 y 1992 murieron más de 75.000 personas, desaparecieron otras 7.000 y cientos de miles quedaron lisiadas o sin hogar, Ellacuría y sus compañeros mantuvieron más de dos décadas, y pese a las amenazas y los atentados (una decena de ataques con bomba contra la UCA), la denuncia de las injusticias y los abusos desde sus clases, sus conferencias o la revista Estudios Centroamericanos (ECA).

Tras su noviciado y su ingreso en la UCA a mediados de los sesenta, el jesuita vasco tenía muy clara la futura función de la universidad: "Más que formar estudiantes, más que hacer investigación, aunque hace estas dos cosas, lo que tiene que hacer es ponerse a resolver el problema inaceptable de injusticia en ese país y en toda el área centroamericana". Desde ese momento, los jesuitas al cargo del centro, posteriormente dirigidos por Ellacuría, serían considerados por la derecha y el Ejército salvadoreños corrosivos teólogos de la liberación y cómplices de los comunistas.

En esos años marcados por Paolo Freire, Gustavo Gutiérrez o Leonardo Boff, los precursores del movimiento en América Latina, la Teología de la Liberación pretendió devolver a los pobres su posición central y privilegiada en el cristianismo. Y se apunta que Ellacuría tuvo un papel fundamental en el cambio radical de dirección tomado por los jesuitas en Centroamérica.

Los analistas apuntan que la Teología de la Liberación respondió a unas circunstancias históricas de singular opresión e injusticia en el continente y a la sensibilidad de una generación. Tuvo varios focos prácticamente simultáneos y Centroamérica, sobre todo El Salvador, fue uno de ellos, siendo Ellacuría y Jon Sobrino sus representantes más conocidos.

Para su amigo el teólogo Rafael Aguirre, la figura de Ellacuría era muy polifacética: filósofo, político, universitario y teólogo a la vez. "Si a todo esto le sumamos su capacidad de trabajo y su autoridad moral nos encontramos con una personalidad excepcional. Todo lo puso al servicio de un pueblo empobrecido con el que se solidarizó hasta la muerte", añade.

Aunque emocionalmente reservado, Ellacuría era brillante e irónico, cerebral y combativo en la defensa de sus ideas, lo que motivó algunas críticas que le tildaban de arrogante o soberbio. Pero, sobre todo, tenía un dominio pleno de una dialéctica fundamentada en un arsenal intelectual formidable.

Esa formación, esa capacidad dialéctica, sólo se descomponía por su devoción al Athletic. Cita obligatoria para los enviados especiales o corresponsales en Centroamérica a los que alumbraba con sus brillantes análisis de la zona, si la cita se producía un domingo por la mañana, Ellacuría no podía disimular y reflejaba en su rostro el resultado de su amado equipo de fútbol. Con los auriculares de su pequeña radio colocados, recorría durante la retransmisión de los partidos el campo de la UCA, sudando al igual que los jugadores rojiblancos. "Ese tío tan racional era a su vez un forofo", recuerdan hoy antiguos compañeros.

Al margen de esta debilidad, el rector de la UCA logró imponer esa autoridad moral ante todos sus interlocutores. Siempre tuvo mucha fe en lo que se podía conseguir conversando. Entre 1984 y 1989 mantuvo 273 reuniones con dirigentes de la vida política salvadoreña y su papel de mediador en el conflicto salvadoreño resultó determinante.

Llevaba años realizando esa tarea de mediación, pero sin que las gestiones discretas sofocasen el discurso público de denuncia de todos los abusos, sobre todo del Ejército y del Gobierno, pero también de la guerrilla. Denunciaba al Ejecutivo salvadoreño y, a la vez, pedía un margen de confianza para el presidente Alfredo Cristiani, del que aún no se sabe si fue connivente con el asesinato de los jesuitas, pues pasó parte de la noche del crimen en la sede del Estado Mayor.

Mantenía también relaciones periódicas con muchos jefes del FMLN, algunos antiguos discípulos suyos, como Salvador Samayoa, quien dijo de él que "habló con rigor e independencia crítica a ambos lados del conflicto, y realmente en este sentido, llenó un espacio importante. Nadie tenía el valor de hablarle al Gobierno o a los militares o a la Embajada de EEUU de esa manera. Y probablemente nadie le habló al FMLN tal como él lo hizo".

Veinte años después del asesinato una pequeña luz de esperanza permite vislumbrar el definitivo esclarecimiento de la tragedia. El pasado 7 de noviembre, el Gobierno salvadoreño reconocía por primera vez la responsabilidad del Estado en el asesinato del arzobispo Óscar Romero, cometido el 24 de marzo de 1980. Este importante paso, no exento de obstáculos, como la Ley de Amnistia de 1993, que frena las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la guerra, podría desbloquear la situación si se aprueba en la Asamblea Legislativa, con actual mayoría del FMLN, la derogación de dicha ley.

Ello permitiría, a su vez, reabrir el caso de los jesuitas asesinados. Han pasado dos décadas y la Audiencia Nacional española iniciaba en febrero pasado una investigación para dirimir las responsabilidades penales por aquel crimen.

La querella fue presentada hace un año por la Asociación pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, una entidad norteamericana, y se dirige contra los ejecutores del acto, la cúpula militar de la época y los miembros del batallón Atlacatl.

Mientras, la mayoría de los 14 militares implicados en el crimen, como René Emilio Ponce, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, o el ex coronel Orlando Cepeda, hoy casi todos empresarios, pensionistas o administradores de negocios como el de armamento, seguirán defendiendo con uñas y dientes la controvertida Ley de Amnistía aduciendo el peligro de reabrir viejas heridas. La UCA, que ha prometido ayudar a la Audiencia Nacional exige que a todos los pobres de su país, a las miles de víctimas de la guerra civil, también se les garantice una justicia digna, pero aún ausente.