Cuando la ley es un engorro

Ninguno de los profesores de Derecho que conozco, y conozco a unos cuantos, enseña a sus alumnos que la ley puede ser un engorro. Tampoco los de Políticas llevan en el temario que los políticos se ponen las botas de hacer promesas que luego no cumplen o de mentir, y sin embargo, son cosas con las que nos hemos acostumbrado a convivir.

Una de las afirmaciones más contundentes y recurrentes de todos los Gobiernos españoles y que a estas alturas casi se ha convertido en un axioma, es que no se negocia con terroristas ni con nadie que quiera chantajear al Estado (por ejemplo, los piratas). No sé lo que usted, lector, se creerá de esta película, pero, sin ser exhaustivo, me viene a la memoria el cierre de la central nuclear de Lemóniz o la modificación del trazado de la autovía de Leizarán después de que ETA regara de sangre y muertos esos proyectos. Seguro que alguien dirá que no se negoció. Es posible, quizá simplemente se claudicó. "El miedo es más injusto que la ira", como dijo Amado Nervo.

En 1986, los captores de un embajador español en Líbano fueron indultados y recibidos como héroes

Sin embargo, de lo que no hay duda es de que el 17 de enero de 1986 el geo Pedro Antonio Sánchez y los hermanos Assad y Gaspar Abdu, canciller y vicecanciller de la Embajada española en Beirut, fueron secuestrados por milicianos de Amal, la guerrilla shií de Líbano. Los integristas, que año y medio antes habían capturado por unas horas al embajador Pedro Manuel de Arístegui, exigieron la liberación de dos de sus compañeros, Mohamed Rahal y Mustafá Jalil, presos en Alcalá-Meco. Ambos habían sido condenados por la Audiencia Nacional a 23 años de cárcel cada uno por su participación, en septiembre de 1984, en el intento de asesinato de Mohamed Aidress Ahmed, funcionario de la Embajada de Libia en Madrid, que resultó herido en ambos brazos.

Los negociadores españoles, Arístegui primero, y luego Rafael Pastor Ridruejo y Rafael Vera, desplazados a Beirut para la ocasión, se entrevistaron varias veces con el líder de Amal, Nabih Berri. Los tres secuestrados fueron puestos en libertad cinco semanas después de su captura. Oficialmente se llegó a decir que la liberación se había producido "sin contraprestaciones políticas".

Siempre es complicado interpretar las declaraciones oficiales, porque ¿qué quiere decir eso, que no se modificó la Constitución? Igual las contraprestaciones no eran políticas, pero ¿y de las otras? Porque lo cierto es que Rahal y Jalil fueron indultados por el Gobierno seis meses después, expulsados de España y recibidos como héroes en Líbano por Nabih Berri.

Ahora, tenemos la crisis de los piratas que abordaron el Alakrana y la prioridad es que los 36 tripulantes retenidos sean liberados sin daño. En los más de 40 días transcurridos, la Armada, el Gobierno, los jueces y los fiscales españoles que han tenido algo que ver con el caso se han ajustado escrupulosamente a la legalidad: la captura de los dos piratas, su traslado a España debido a la jurisdicción y competencia de los tribunales españoles al haber ocurrido el secuestro de los tripulantes en un barco de bandera española que se encontraba en aguas internacionales y también su ingreso en prisión. Todo es legal y así había que hacerlo para no dejar sin cobertura la acción de la Armada, pues de lo contrario se hubiera cometido una detención ilegal de los dos piratas.

Pero, en este momento, en el que hay que ser flexible para poder negociar, la ley se convierte en un engorro, porque en las facultades sólo se enseña la bonita teoría perfecta, no la forma de retorcer la ley para que concluya con éxito una negociación. Porque ahora el problema ya no es el dinero para el rescate, sino cómo devolver a Somalia a los dos piratas presos en España, que es una de las condiciones exigidas por los secuestradores para la liberación de los tripulantes del Alakrana, sin cargarse el Estado de derecho y sin hacer demasiado el ridículo.

A los familiares de los marinos les da igual la forma en que se haga, porque como sostenía Nietzsche, "aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos". El Gobierno y la justicia, sin embargo, deberían cuidar tanto el fondo como las formas, porque cuando haces malabares cabe la posibilidad de que algo se te caiga. Y las posibles alternativas que baraja el Ejecutivo, más que soluciones son extravagancias: rebaja de la petición fiscal para los piratas a penas de menos de seis años, cuando cada secuestro agravado -con exigencia de rescate y por más de 15 días- está castigado con penas entre 10 y 15 años; instrucción y sentencia ultrarrápida y expulsión, cuando ésta está prevista para extranjeros ilegales, no para los que hemos traído para juzgar; cumplimiento de condena en Somalia, e incluso cesión de jurisdicción a un Estado que el propio abogado del Estado considera que "carece en la práctica de un Gobierno operativo y real" y para el que todavía no existe convenio, ni acuerdo bilateral. Seguro que hay alguna otra solución más surrealista, pero en este momento no se me ocurre cuál pueda ser.

Napoleón Bonaparte afirmaba que "lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes". No se preocupen, aquí somos cualquier cosa menos tímidos o cobardes. Al tiempo.