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Reportaje:

La fiebre de la corrupción urbanística

Una docena de casos han acabado desde 2000 con varios ediles imputados

El caso Pretoria ha destapado una trama con patas, por ahora, en Santa Coloma, Llavaneres y Badalona. No son los únicos casos en Cataluña. Desde el año 2000 la justicia ha destapado al menos 11 casos de corrupción de distintas envergadura, cerrados o aún investigándose, que tienen como protagonistas a alcaldes o ediles.

- Extorsión en el Eixample. Desde abril está pendiente de juicio la trama de corrupción en la que está acusado el inspector técnico de licencias del distrito del Eixample, en Barcelona, Eduard Cabestany, y siete personas más, que supuestamente cobraron a cambio de tramitar expedientes para legalizar locales comerciales. Las diligencias se iniciaron en 2004 y el Ayuntamiento ejerce de acusación particular. El fiscal solicita entre 8 y 21 meses de cárcel.

- Licencia del Store Café. La gerente del distrito de Gràcia, María Carmen Fernández, el consejero de distrito del PP Alberto Belón y el concejal del Ayuntamiento de Vallirana Antonio Penalba, también del PP, están imputados por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el caso Store Café. Según la querella, Penalba y Belón exigieron a la dueña 6.000 euros para agilizar la apertura. En fase de instrucción.

- Pagos en Santa Susanna. El alcalde de Santa Susanna (Maresme) Joan Campolier, de CiU, dimitió en 2007. La Audiencia de Barcelona le condenó a cuatro años de inhabilitación por prevaricación. Campolier, que gobernó con mayoría absoluta desde 1976, recurrió sin éxito al Constitucional. El ex alcalde encargó y pagó proyectos municipales al que era arquitecto municipal, al margen del sueldo de funcionario.

- Indemnización en Canet. El TSJC condenó en 2007 al Ayuntamiento de Canet a indemnizar con 60.000 euros al promotor Manuel Fernández por los perjuicios causados por la demora en los trámites para construir viviendas en Cal Rectoret. Fernández acabó vendiendo el terreno. El promotor denunció en 2004 por prevaricación y falsedad en documento público al alcalde Joaquim Mas (PSC) y los entonces concejales Ibis Puig (CiU) y Òscar Figuerola (ERC).

- Terres Cavades. El proyecto de construir en Terres Cavades (Tarragona) casi 5.000 pisos desató una tormenta política en 2004. El entonces concejal de Urbanismo, Ángel Fernández (CiU), votó a favor del plan ocultando que él y su hermano eran accionistas de una de las constructoras. Le costó el cargo. La Generalitat anuló la urbanización. En 2007 la Audiencia de Tarragona advirtió indicios de tráfico de influencias y sentó a los principales actores en el banquillo.

- Los Ferran de Salou. En 2006 la fiscalía investigó a Esteve Ferran Gombau, entonces edil de urbanismo de Salou e hijo del alcalde Esteve Ferran Ribera. El padre supuestamente consiguió plusvalías en 2004 por la venta de una finca comprada en 2000 que cambió de uso. Padre e hijo eran del partido Ferran Units per Salou y gobernaban con CiU que abandonó el gobierno cuando el alcalde mantuvo a su hijo en el cargo. Los Ferran esperan sentencia.

- Pelotazo en Querol. El juez imputó en 2008 en Querol (Alt Camp) al ex alcalde, el independiente Albert Carreño, al actual edil Miguel Uroz (PSC) y otras siete personas por el planeamiento urbanístico de L'Arboçar. La zona fue comprada por 70.000 euros a comienzos de esta década y revendida por 700.000 cuatro años después, tras la aprobación inicial de un Plan de Ordenación Urbana que preveía la construcción de 550 casas. Un segundo plan permitió hasta 1.400 pisos y el valor del suelo ascendió a 3,68 millones. Querol no llega a los 500 habitantes. El caso está pendiente de juicio. La Generalitat suspendió el plan urbanístico.

- El alcalde de Ginestar. El alcalde de Ginestar (1.098 habitantes, Ribera d'Ebre) Josep Bru (CDC) renunció a su cargo en 2007, cuando se hallaba en funciones tras perder la alcaldía a favor del PSC, en vísperas del juicio al que le llevó un empresario de la construcción que le denunció por corrupción. Bru, que acumuló mayorías absolutas desde 1987, fue grabado por unos detectives negociando con unos compradores de fincas a quienes aconsejaba cómo sortear los trámites para edificar en un solar agrícola. El ex alcalde fue expulsado del partido.

- Vilaller.

La fiscalía acusó en 2007 y 2008 por un presunto delito urbanístico y de tráfico de influencias al entonces alcalde, Josep Monsó, que concurrió por ERC, y a cinco concejales de Vilaller (700 habitantes, Alta Ribagorça) por autorizar en 2006 la construcción de 24 viviendas en una zona de equipamientos. El caso no está cerrado y la fiscalía ha extendido el cargo de prevaricación a otros tres ex ediles.

- Culebrón en la Vall de Ruda. El grupo ecologista Ipcena denunció en verano al ex alcalde de Naut Aran (342 habitantes, Val d'Aran) Víctor León por prevaricación al dar una licencia de obras en 2004 para la urbanización de 500 viviendas en la Vall de Ruda, en Baqueira Beret. El TSJC anuló en abril la urbanización por no ajustarse a la normativa. En octubre, la fiscalía archivó la causa contra León: no apreció indicios de delito, pero sí irregularidades administrativas.

- Almacelles. El alcalde de Almacelles (Segrià), Josep Ibarz (CiU), el secretario del Ayuntamiento y un policía local fueron imputados en septiembre por prevaricación y falsedad documental. La denuncia, presentada por una vecina, les acusa de falsificar un documento para multar una supuesta irregularidad urbanística.

- Palau-saverdera. El TSJC ratificó en primavera el derribo de la urbanización de lujo Sun Village, de Palau-saverdera (Alt Empordà), construida en un solar para equipamientos. A regañadientes, el Ayuntamiento, gobernado desde hace 30 años por Narcís Deusedas (CiU), se ha visto obligado a acatar la orden, que prevé que sean los 42 vecinos quienes costeen el derribo. Deben hacerlo antes del día 5 y piden 12 millones de indemnización al Consistorio, que podría verse obligado a ejecutar subsidiariamente los derribos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 16 de noviembre de 2009