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El secuestro del atunero en Somalia

La crisis salpica a Zapatero

El presidente tuvo que implicarse personalmente en la gestión del secuestro

El pasado martes, José Luis Rodríguez Zapatero recibió en La Moncloa a Cristina Blach, hija del patrón del Alakrana, y a Argi Galbarriatu, hermana del capitán. Con este gesto, quiso tranquilizar a las familias de los marineros y demostrar su compromiso personal con un rápido y feliz desenlace del secuestro. Pero, ¿qué hizo que se implicara el presidente del Gobierno?

Se supone que la función de los ministros y vicepresidentes es lidiar con los asuntos más escabrosos y pasárselos a Zapatero en el último momento, ya listos para el remate. Sin embargo, hasta el 5 de noviembre, más de un mes después de que el atunero cayera en manos de los piratas, ningún ministro se había reunido con las familias.

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El encargado de mantenerlas informadas era el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, pero, cuando la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, acudió a Bermeo (Vizcaya) y Vigo para reunirse con ellas, tuvo que aguantar que dirigieran su desesperación contra el Gobierno. "Se podía haber ahorrado la visita", le espetó Silvia Albés, esposa de uno de los rehenes.

Y no eran sólo las familias. Zapatero se encontró con que todas las preguntas que se le dirigieron el lunes en Sopot (Polonia), durante la rueda de prensa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, giraban en torno al secuestro del Alakrana.

El asunto le había estallado en las manos al Gobierno el 5 de noviembre. Aquella mañana, los piratas indujeron a los rehenes a llamar a sus angustiadas familias para, con fondo de disparos de fusilería y explosiones de granadas, anunciarles que tres de ellos iban a ser llevados a tierra. La amenaza era matarlos si no se ponía en libertad a sus dos compinches presos en España. "Haced ruido", le pidió Gaizka Iturbe, tripulante del Alakrana, a su esposa, María Ángeles Jiménez. ¡Y vaya si lo hicieron! Las dramáticas declaraciones de las familias acapararon titulares en todos los medios de comunicación aquella mañana.

Por la tarde se reunió de urgencia en La Moncloa la autodenominada célula de coordinación. De modo sorprendente, no fue la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que además de presidir dicha célula es la portavoz del Gobierno, quien compareció ante los periodistas. En su lugar lo hizo la ministra de Defensa, Carme Chacón, lo que abonaba la idea de que se trataba de un problema militar. Al día siguiente, sin embargo, cuando las noticias parecían más tranquilizadoras -se anunció que los tres rehenes desembarcados estaban de vuelta a bordo- no fue a Chacón a quien se le encargó dar la cara, sino al titular de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

La sensación que dejó este cambio es que Chacón había sido desautorizada y la vicepresidenta, que mantuvo su viaje oficial a Argentina durante el fin de semana, escurría el bulto.

Cuando un diario aseguró, el pasado jueves, que Defensa propuso entregar a los dos detenidos a Kenia y que fue Fernández de la Vega quien decidió ponerlos a disposición de la Audiencia Nacional, fuentes próximas a la Vicepresidencia no dudaron en atribuir el origen de la noticia al departamento dirigido por Chacón, por más que éste lo negase.

Llovía sobre mojado, pues la vicepresidenta y la ministra ya chocaron en abril pasado con motivo de la confirmación del entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, que la primera impuso a la segunda. Dos meses y medio después, la dimisión del jefe de los espías zanjó el asunto.

Destacados dirigentes del PSOE no ocultaban esta semana su preocupación e incomodidad ante la imagen de que los ministros se pasaban la patata caliente unos a otros y se atribuían mutuamente las medidas más comprometidas. "Aunque algunos parezcan no ser conscientes de ello, todos vamos en el mismo barco y no hay peor mensaje que el sálvese quién pueda", reflexionaba uno de ellos.

La llamada de atención surtió efecto y Fernández de la Vega asumió el viernes, tras el Consejo de Ministros, "toda la responsabilidad" de la gestión de la crisis. Eso sí: dejó claro que la decisión de detener a los piratas la tomó el mando militar y la de llevar el asunto a la Audiencia Nacional, los servicios jurídicos del Estado. Como si al timón del Gobierno no hubiera un capitán sino un piloto automático.

3,3 millones de rescate

Durante el fin de semana del 1 de noviembre, el Gobierno esperaba la inminente liberación del Alakrana. El armador del atunero, Kepa Etxebarria, instalado en la residencia del embajador español en Nairobi, había llegado a un acuerdo con el intermediario de los piratas. El rescate acordado, según distintas fuentes, ascendía a 3,3 millones de euros. Una cifra muy superior a la pagada, en abril de 2008, por el Playa de Bakio (770.000 euros), pero no arbitraria. Los piratas, como si fueran hombres de negocios, tienen sus tarifas y saben que el Alakrana, construido en 2006 por unos 30 millones, es uno de los buques más modernos que faenan en el Índico. Respecto al encarcelamiento de dos piratas en España, fuentes del CNI siempre dijeron que no sería un obstáculo ya que, como mucho, obligaría a pagar una "indemnización" a sus familias.

Nadie sabe explicar qué pasó para que el supuesto pacto saltara por los aires. Algunos expertos sostienen que se trata de una maniobra para encarecer el rescate y otros, que los clanes a los que pertenecen los detenidos habrían amenazado con represalias al jefe de los piratas. Pero Etxebarria no lo ve así. "Desde el primer día exigieron su libertad como condición para liberar el Alakrana", declaró desde Nairobi.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de noviembre de 2009

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