Vista al exterior

Superadas las últimas reticencias de la República Checa al Tratado de Lisboa, el proyecto de la Europa unida afronta una de sus transformaciones más profundas, tanto desde el punto de vista institucional como de los procedimientos de decisión. Atrás han quedado los riesgos de parálisis que amenazaron a la Unión durante el proceso de ratificación del Tratado, y ha llegado el momento de que los Veintisiete recuperen el tiempo perdido en resolver los problemas internos y hagan uso cuanto antes de los nuevos instrumentos para que Europa ocupe el papel internacional que le corresponde.

Para hacer efectiva esta proyección exterior tan largamente esperada, los Veintisiete tendrán que acordar previamente los nombres del presidente del Consejo y del nuevo Alto Representante de la política exterior común, al que el Tratado concede el rango de vicepresidente de la Comisión. No se trata de una decisión rutinaria ni que deba quedar a merced de las componendas nacionales, en la medida en que la concreción de las funciones de ambos cargos, apenas esbozadas en sus líneas fundamentales por el Tratado, dependerá en gran medida de la capacidad política de los elegidos. En el caso del Alto Representante, además, el Tratado pone a su disposición el nuevo servicio exterior de la Unión que, una vez completado, se contará entre los más amplios del mundo.

La entrada en vigor del Tratado era la condición imprescindible para que Europa adquiriese la condición de actor internacional que hasta ahora se había echado en falta. Cumplida la condición, la UE tiene que dejarse oír en algunos de los asuntos más acuciantes de la agenda internacional, como la revisión del Tratado de No Proliferación prevista para 2010, las relaciones con Rusia, la guerra de Afganistán o el conflicto de Oriente Próximo, con el horizonte de unas elecciones palestinas en las que, entre otras cosas, está en juego la peligrosa división política entre Cisjordania y Gaza. Responder a la agenda internacional más acuciante no es lo mismo, sin embargo, que formular una política exterior europea, y ésta será otra de las tareas que deberán emprender los Veintisiete con los nuevos instrumentos previstos por el Tratado de Lisboa.

La presidencia semestral española deberá encauzar buena parte de las transformaciones a las que se enfrenta la UE. Hasta ahora, el Gobierno español no ha querido o no ha podido establecer un perfil propio en los recientes debates europeos, incluyendo las deliberaciones para designar al presidente del Consejo o el nuevo Alto Representante. El obligado protagonismo español a partir del 1 de enero impedirá continuar en este segundo plano. No tanto por asumir la presidencia rotatoria de la Unión cuanto por ser la primera tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Del buen hacer de España no sólo dependerá su posición entre los socios, sino también buena parte de los rasgos futuros de la Unión. Una responsabilidad en la que habrá que estar a la altura.