Toca reducir gastos

El crecimiento explosivo del déficit empuja inevitablemente al Gobierno a considerar políticas de reducción del gasto público. El Ministerio de Economía teme que los mercados retiren la confianza en las emisiones españolas de deuda si se prolonga el desequilibrio de las cuentas públicas; y pesa el miedo a no cumplir la exigencia de reducir el déficit, que este año estará en torno al 10% del PIB, al 3% en 2013. Ése es el plazo máximo que concederá hoy Bruselas a España, Reino Unido, Irlanda y Francia para cumplir con la exigencia de estabilidad presupuestaria. El plan económico financiero 2010-2012 recoge estos temores con propuestas para recortar el gasto público. Sugiere limitar el aumento salarial de los funcionarios, restringir la oferta de empleo público, obligar a todos los ministerios y empresas públicas a presentar un plan de austeridad y eliminar organismos públicos. Éste es casi todo el grado de detalle que ofrece el plan. En una primera impresión no parece que se trate de un ajuste radical del gasto.

La crisis económica resalta el desequilibrio histórico de la Administración. En el Gobierno hay inflación de vicepresidencias, con el agravante de que su poder de coordinación es muy escaso; sobran algunos ministerios, que apenas alcanzarían el nivel de secretarías de Estado en una organización más racional, y faltan centros de poder ministerial en asuntos vitales para el buen funcionamiento económico, como la energía. Sobre todo, proliferan los organismos públicos de utilidad más que dudosa para el ciudadano.

Es cierto que el grueso del gasto público no está ahí, sino en las pensiones, los costes del paro, la sanidad, el servicio de la deuda y la financiación autonómica. En épocas de elevado desempleo y de ansiedad por la pérdida de la renta familiar, los gastos sociales no deben recortarse. Pero sí es deseable imponer un recorte del gasto a los Gobiernos autónomos. En medio de la recesión más grave de la democracia, todavía hay autonomías que proponen para 2010 aumentos presupuestarios, como si no estuvieran obligadas a moderar el déficit para ayudar a que el Estado reduzca el suyo. Tampoco parecen dispuestas a devolver al Estado el exceso de dinero que han recibido una vez contabilizada la caída de ingresos públicos. La Administración central apenas decide hoy sobre el 25% de los recursos de la nación; y aplicando ajustes a ese 25% no se consigue reparar las cuentas de todo el país.