El fiscal se querella contra los padres del niño obeso por ocultarlo

Luis Montoya y Margarita Gabarra tendrán que comparecer ante la justicia para desvelar el paradero de su hijo. La decisión de los padres del niño orensano con obesidad mórbida de no entregarlo a la Xunta, responsable de su tutela, les ha costado una querella criminal. Montoya y Gabarra no sólo no han conseguido que la Xunta aceptara su pacto encaminado a evitar el ingreso de su hijo de nueve años en el centro de A Carballeira con el compromiso de que lo pondrían en manos de un endocrino de prestigio. A la negativa de la Consellería de Traballo e Benestar a su propuesta se suma ahora la querella criminal presentada ayer por la Fiscalía, que los acusa de delitos de desobediencia y sustracción de menores.

La Asociación del Pueblo Gitano cree que en el caso hay "discriminación"

Mientras la policía busca ya por toda Galicia al pequeño, el fiscal jefe de la Audiencia de Ourense, Florentino Delgado, hizo ayer un llamamiento a los progenitores. "Que sepan que hay indicios de que están cometiendo un hecho delictivo porque se han opuesto radicalmente y con publicidad en los medios a cumplir una resolución de la Administración", advirtió. Y les avisó: "Esta es la última oportunidad" para entregar al pequeño. El abogado de los padres, José Manuel Rodríguez, no aclaró si los padres accederán a entregar al niño antes de comparecer ante el juez.La Fiscalía alerta de que la familia se están tomando "la justicia por su mano" y "atacando" en consecuencia el "principio democrático de que nadie está por encima de las leyes".

El fiscal jefe reconoció que había estudiado la posibilidad de incluir en la querella el supuesto delito de maltrato del menor que finalmente descartó porque cree "que la actuación de los padres es sólo fruto de una equivocación". Pese a ello, expresó su malestar por las declaraciones en las que éstos dan a entender que la Administración les quiere "quitar la patria potestad del niño cuando no es así: nadie pretende extirpar al niño del ámbito familiar, sino ayudarlo; y ellos lo saben y no se dejan". Delgado sostiene que el ingreso del menor en el centro de A Carballeira puede durar "cuatro días o una semana; lo que tarde en estar bien y si no hay nada que ocultar y todo está perfecto, que lo traigan ya".

La querella criminal no incluye penas de cárcel (el delito que se les imputa está tipificado con dos años de prisión que no tendrían que cumplir) ni detención "por ahora". "No pretendemos encarcelar a unos padres que están equivocados", sostiene el fiscal, aunque matiza que si en la vista éstos se atrincheran en su decisión de no entregar a su hijo, se tomarán "nuevas medidas".

En opinión de Sinaí Giménez, presidente de la Asociación Pueblo Gitano, se "pretende utilizar al niño como cabeza de turco para mandar mensajes sin tener en cuenta su realidad". Giménez subrayó que las instituciones actúan después de cinco años desde que se celebró el juicio, cuando el niño ya ha adelgazado 14 ó 15 kilos -"es un niño gordo, ya no es un niño obeso", precisó- y está siendo controlado a diario por los médicos.

Giménez denunció también la discriminación que realizan las autoridades con este asunto: "Hay casos mucho más graves, como los de menores que se drogan, aparecen borrachos por los parques, no están escolarizados o que maltratan a sus padres y, sin embargo, no se actúa con tanta contundencia. No nos creemos que sólo estén preocupados por su proceso de adelgazamiento, aquí hay algo más", añadió Giménez para sugerir, a renglón seguido, que "acaso quieran mandar a su costa un mensaje sobre los riesgos de la obesidad, sin tener que gastar en publicidad". "Si quieren ayudar", concluyó Giménez, "podrían hacerlo de otra forma, no llevando al niño a los tribunales".

La Fiscalía hace hincapié en que su obligación es la "protección de todos los menores" y sostiene que en este caso la intervención en el ámbito familiar no es desproporcionada "ni una decisión acalorada".