Lezama impulsa pisos en un solar de la familia de la alcaldesa

El Ayuntamiento vizcaíno de Lezama está impulsando un proyecto urbanístico para alrededor de 50 viviendas en terrenos que son propiedad de la familia de la alcaldesa Alaitz Etxeandia (PNV), quien ha votado por tres veces decisiones relacionadas con ellos, pese a que la ley lo prohíbe. El proyecto forma parte del nuevo plan urbanístico de Lezama, anulado en junio por el Tribunal Superior de Justicia y que contempla 243 pisos en un área considerada inicialmente como inundable. La Ley de Procedimiento Administrativo prohíbe intervenir a los cargos públicos en asuntos donde haya intereses familiares. La alcaldesa negó cualquier ilegalidad, "porque no hay ningún procedimiento abierto".

La primer edil niega ilegalidades porque el expediente "no está abierto"

El Superior anuló el plan urbanístico y la zona estuvo declarada inundable

Estos terrenos, ubicados junto al río Asua a su paso por Lezama, estaban considerados inundables desde 1993. Al revisarse en 2002 el plan urbanístico municipal, el Ayuntamiento mantuvo esta calificación, lo que persistió en 2006 al aprobarse inicialmente las normas subsidiarias. Pero en 2007, pocos días antes de la aprobación por el Gobierno vasco, el consistorio introdujo el cambio para convertirlos en urbanizables y la Dirección de Aguas del anterior Ejecutivo aprobó la modificación en solo cuatro días y basándose en un informe municipal "que sólo ha podido ser analizado con premura", según admitió la Dirección de Aguas.

El Tribunal Superior anuló el pasado 25 de junio todo el plan urbanístico de Lezama por irregularidades en el informe de impacto ambiental. Aunque no entraba en el fondo del asunto, estableció que "se debe hacer expresa referencia" al cambio de calificación de zona inundable. Agregaba que el Gobierno, en su revisión de su plan de cauces iniciada en 2008, no tiene el informe que propició este cambio.

Sin embargo, sólo un mes después de conocerse la sentencia, que fue recurrida por el Ayuntamiento, se aprobó una partida de 35.148 euros para "proyectos relativos a la unidad de Txupetxa", donde están los terrenos de la familia de Etxeandia y que ha sido la primera promoción que se ha impulsado. La aprobación se realizó, el 24 de julio, en comisión, y el 29 de julio siguiente, en el pleno; en ambos casos con el voto de la primera edil. El miércoles pasado, se aprobó otra partida complementaria de 6.612 euros, también con su respaldo.

El Registro de la Propiedad revela que 5.405 metros cuadrados del total de 7.725 de la llamada unidad de ejecución de Txupetxa pertenece al padre de la alcaldesa, una tía y varios primos. En el plan urbanístico se prevé construir en esa unidad 52 viviendas, 40 libres y 12 protegidas.

El artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 28, señala que los cargos públicos y el personal de las administraciones se deben abstener en asuntos en los que haya "parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado". Existe jurisprudencia, ya que el Superior anuló en 1999 un cambio urbanístico en Abanto al intervenir en sus trámites un concejal con intereses directos.

Este asunto motivó en el pleno celebrado el pasado miércoles por el Ayuntamiento de Lezama una pregunta de la única concejal del PSE (el PNV gobierna con ocho ediles y el otro corporativo de la oposición es de EB) sobre los propietarios de los terrenos. Pero la alcaldesa adujo que la pregunta no era procedente, que no estaba obligada a dar la información y que consultara en el Registro de la Propiedad.

Alaitz Etxeandia señaló a este periódico que esa información se facilitaría "cuando se inicie el expediente". Al indicarle que el Registro revela que son de su familia, aseguró que ese dato "lo sabe toda la gente en Lezama". Alegó que no hay ningún expediente urbanístico y solo se han aprobado partidas para encargar estudios, y negó cualquier ilegalidad por apoyar las partidas en las tres votaciones. "Todavía no se ha hecho ningún gasto y no hay ningún procedimiento ni expediente urbanístico. La secretaria-interventora dirá cuándo no se puede intervenir", zanjó.

La plataforma vecinal Lezama Bizirik, que ha destapado el caso, ha calificado de "escándalo" el caso. "No sólo quieren imponer normas subsidiarias malas para el pueblo, sino que hay lucro privado. No sabemos qué prisa tienen para ejecutar una unidad en la que casi todos los terrenos son de la familia de la alcaldesa", dijo un portavoz, que anunció que pedirán la anulación del proyecto y la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior. La alcaldesa ha estado involucrada en el último año en otras polémicas: cerró un campo de tiro que funcionó sin licencia 22 años y ha sido acusada de prevaricación por la Fiscalía por exceso de edificabilidad en un edificio municipal.