El basurero político

Al tiempo que se difundían el pasado martes las primeras informaciones sobre un nuevo escándalo político (probable mixtura de enriquecimientos personales y financiación ilegal de partidos), escenificado en Santa Coloma de Gramanet por una compañía de afiliados a las dos principales formaciones catalanas (CiU y PSC), el Congreso debatía una moción presentada por Esquerra Republicana (ERC) para forzar la adopción de medidas más estrictas contra la corrupción pública y privada. El portavoz Joan Ridao subió a la tribuna de oradores todavía aturdido por la noticia: tras el caso Millet (el saqueo de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música por sus administradores), las detenciones y las filtraciones del sumario secreto significan "un hachazo y un auténtico obús" para el mitificado "oasis de las aguas estancadas de la Cataluña sociovergente".

La paradoja de la democracia es que sólo los propios partidos podrían impedir su financiación ilegal

El deshonroso comportamiento de los políticos profesionales y de los funcionarios a sus órdenes que entran a saco en las diversas Administraciones públicas, a veces con la coartada de actuar como cobradores del frac de las comisiones extorsionadas por los partidos para financiarse ilegalmente, traspasa las fronteras territoriales. Así lo evidencia el tinglado de Baleares y la metástasis de la trama Correa en Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León. La corrupción ensucia casi todas las siglas y tampoco respeta las ideologías. El caso de El Ejido, cuya principal estrella es un alcalde del PP que abandonó sus filas para abrir tienda propia y seguir en el cargo, permite entender mejor el transfuguismo en los municipios pequeños y medianos; los concejales desertores de los partidos que los habían incluido en sus listas electorales y a los que luego apuñalan no suelen moverse por santas razones.

Consciente de los devastadores efectos producidos por la corrupción (desafección ciudadana, cinismo político, desprestigio democrático), el portavoz de ERC propone endurecer la ley de financiación de los partidos de 2007, aprobada tras décadas de silencio cómplice, indiferencia encubridora y arrastre de pies de las organizaciones que eligen los gobiernos y los parlamentos -quis custodiet ipsos custodes?- encargados en teoría de vigilarlas. Joan Ridao quiere que la reforma de la norma incorpore las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa aún pendientes.

El Congreso aprobó de forma unánime -los 341 votos emitidos- la moción de ERC, bien fuese por convicción, por hipocresía o por temor. Los ciudadanos deben aplaudir el acuerdo aunque únicamente sea un homenaje del vicio a la virtud. El trabajo de los jueces es insuficiente para cortar la sangría de dinero robado. La paradoja democrática es que sólo los partidos se hallan en condiciones de adoptar las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para suprimir las prácticas de financiación ilegal que los dirigentes de esas mismas organizaciones toleraron hasta ahora -cuando menos- de manera cómplice.