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Bomberos de toda Galicia protestan por la gestión privada de las emergencias

Los profesionales alertan de que el sistema busca "el beneficio, no la eficiencia"

"Por lo menos nos van a escuchar", comentaban entre sí algunos de los bomberos y miembros de Protección Civil apostados ayer frente al Parlamento en Santiago. Esperaban el inicio de una marcha convocada por CCOO, UGT y CIG contra lo que consideran "la privatización de las emergencias" gallegos y venían preparados para cumplir su objetivo: petardos, botes de humo y bengalas que hicieron estallar durante recorrido, desde el Parlamento hasta la Xunta.

Los organizadores cifraron en 700 los bomberos que, llegados de todos los parques comarcales de Galicia, secundaron la marcha. "Somos incluso más", aventuraba alguno. Eso sin contar el 10% que no pudo desplazarse por estar de guardia. Uniformados y portando pancartas a favor de "un estatuto del bombero profesional"- a día de hoy no existe una forma de acceso definida- y "un servicio público de emergencias", los bomberos arremetieron contra el modelo de gestión de parques comarcales concertados con empresas privadas iniciado en el último gobierno de Fraga. "Este modelo está basado en el beneficio y no en la eficiencia", acusaban los representantes de CIG. "Cuando el beneficio entra por la puerta, la seguridad sale por la ventana".

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Un rosario de empresas

También hubo críticas para el bipartito, que prosiguió con el modelo de gestión privada de las emergencias que estrenó el PP. "El único cambio fue la creación del Consorcio Público Provincial de Lugo, hoy paralizado tras la decisión de la Xunta de Feijóo de continuar con la gestión privada", denunciaron.

Especialmente molestos con la "desprofesionalización" y la "descoordinación" del modelo actual se muestra la plantilla del parque comarcal de O Porriño, que repartió folletos. "Trabajamos en diez municipios y las guardias son de tres personas, es decir, hay un bombero por cada 30.000 habitantes", asegura su representante sindical. "Se amparan en el ahorro para justificar la gestión privada y nos acusan de querer ser funcionarios", explica. "Es cierto que queremos estabilidad, pero también un servicio eficiente".

ANXO IGLESIAS
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