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COLUMNA

No hay mal que por bien no venga

Hace unos 20 años, en un sugerente libro titulado de manera no menos sugerente Why Americans hate Politics?, el columnista del Washington Post E. J. Dionne Jr., afirmaba que el aborto es un tema tan polémico en los Estados Unidos y es tan difícil encontrar una respuesta al mismo que sea aceptada de manera general, porque en este terreno se produce más que la yuxtaposición la superposición de dos mayorías contrapuestas de casi la misma magnitud. Cuando se pregunta a los ciudadanos si creen que el aborto se toma demasiado a la ligera y que se practican demasiados abortos, una mayoría de algo más del 70% tiende a dar una respuesta positiva a dicho interrogante. Pero cuando se pregunta si el Estado debe inmiscuirse en la decisión de una mujer embarazada acerca de la interrupción del embarazo, una mayoría también superior al 70% considera que no, es decir, que es la mujer la que debe poder tomar la decisión sin interferencia de los poderes públicos y, por supuesto, sin el temor a una posible sanción penal. Casi el mismo número de ciudadanos, concluía, están simultáneamente en contra del aborto y a favor de la libre interrupción del embarazo por parte de la mujer.

La decisión de interrumpir el embarazo es la decisión más personal que puede tomar un ser humano

No sé si hay estudios similares en otros países, pero me imagino que, si los hubiera o los hay, arrojarían o arrojarán un resultado similar. No conozco a nadie que esté a favor del aborto, pero tampoco conozco directamente a nadie que esté a favor de que se persiga penalmente a la mujer que interrumpe el embarazo. Ni siquiera el portavoz de la Conferencia Episcopal fue capaz de responder de manera positiva a la pregunta de si consideraba que una mujer que interrumpía el embarazo debería ir a la cárcel. Lo deseable sería que no se tuviera que practicar ningún aborto, pero si, por las razones que sean, una mujer decide interrumpir su embarazo, no tiene por qué hacerlo en unas condiciones de inseguridad de cualquier tipo. Ésta es la posición claramente mayoritaria en la sociedad y es la que, en mi opinión, debería expresarse en el Código Penal. La división por mitad del Consejo General del Poder Judicial, que le impidió emitir el dictamen preceptivo pero no vinculante sobre el proyecto de ley, no creo que sea en absoluto expresivo de lo que es la posición de la sociedad española en la materia.

La decisión de interrumpir el embarazo, como dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, es la decisión más íntima y personal que puede tomar un ser humano. Ningún hombre puede encontrarse en esa situación y puede, por tanto, ponerse en el lugar de la mujer que tiene que decidir si interrumpe el embarazo o no. No sé cómo se puede justificar jurídicamente que los varones puedan participar en la constitución de una mayoría que defina la norma en este terreno. La regla de la mayoría presupone la vigencia de la igualdad entre quienes tienen que participar en la constitución de dicha mayoría. Y en este caso es imposible que se dé. No hay ninguna razón desde una perspectiva jurídica, ni sustantiva ni procesal, para que una mujer se vea perturbada con la posible amenaza de la exigencia de responsabilidad penal en el momento en que tiene que tomar la decisión de interrumpir el embarazo.

Parece que, por fin, en esta legislatura se va a dar una respuesta al problema que tome como punto de partida no el hecho de que el aborto es un acto antijurídico que puede ser exonerado de responsabilidad penal en determinados supuestos, como se hizo en 1985, sino una respuesta que parta del derecho de la mujer embarazada a interrumpir el embarazo dentro de las primeras 14 semanas sin tener que dar explicación de ningún tipo del porqué de su decisión. Parece que, por fin, se va a producir la equiparación de España en este terreno con la casi totalidad de los países de la Unión Europea y se va a hacer una regulación de la materia plenamente coherente con la Constitución.

Posiblemente sin la vulneración masiva de derechos fundamentales de los titulares de la clínica Isadora, del personal sanitario y de las mujeres que interrumpieron en dicha clínica su embarazo, como consecuencia de la actuación irregular de unos miembros de la Guardia Civil con la colaboración también irregular de un juez en plena campaña de las últimas elecciones generales, no se habría generado la inquietud acerca de la inseguridad jurídica en este terreno con la legislación actualmente vigente, que ha conducido a que se considera imprescindible la incorporación de una ley de plazos a nuestro ordenamiento. Y es que, como dice el refrán, a veces no hay mal que por bien no venga.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de octubre de 2009