El Congreso acorrala al infractor de tráfico

Pocos resquicios deja la reforma de la Ley de Seguridad Vial, que refuerza y agiliza el procedimiento sancionador, a quienes hasta ahora consideraban que la mejor multa es aquella que peregrina durante años por la Administración hasta que ésta comete un fallo que permite el escaqueo. Es lo que vino a decir ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que señaló, durante la sesión en la que se dio luz verde a la nueva norma, que está dirigida a quienes aprovechan "la hojarasca administrativa para escabullirse". Además, dijo, pretende sumar más vidas a las ya salvadas ("unas 2.000") con medidas como el carné por puntos y el endurecimiento del Código Penal.

Más del 30% de las sanciones se quedan sin cobrar. El texto pone nuevos medios para abordar viejos problemas, zambulléndose de lleno en la tecnología: direcciones electrónicas para notificar sanciones, creación de la figura del conductor habitual, identificación del conductor on line, una web para publicar las sanciones que no pueden ser notificadas o el pago de multas en la carretera con tarjeta. También pretende acabar con las dilaciones de aquellos que ni alegan ni pagan, dando 30 días para concluir el procedimiento y la ejecución de la sanción y bloqueando gestiones en Tráfico de los automovilistas con cuatro multas firmes graves o muy graves sin pagar.

Quienes sí abonan sus sanciones serán premiados. Si lo hacen en 15 días y aceptan el fin del procedimiento, con un descuento del 50% (ahora es del 30%). Se ha aprovechado para actualizar la tabla de infracciones que restan puntos, eliminando aquellas que no ponen directamente en peligro la seguridad vial. Pasan de 27 a 20. Se elimina, por ejemplo, el aparcar en el carril bus; pero se endurece manipular el GPS en marcha o instalar inhibidores de radar. También se suprime la suspensión temporal del carné como sanción, y en los excesos de velocidad se deberá respetar el margen de error del radar (hasta un 10%).

El portavoz popular, Federico Souvirón, criticó con dureza la ley y prometió que el PP la cambiará cuando llegue al poder. Los clubes de automovilistas acudirán al Defensor del Pueblo por considerarla "un atropello legal", informa Europa Press.