La Generalitat rehará todas las auditorías del Palau desde 2002

El Gobierno catalán ha empezado a revisar "exhaustivamente" las cuentas del Consorcio del Palau de la Música, tras haber admitido que las aportaciones que realizó la entidad a la Asociación Orfeó Català "pueden constituir un área de riesgo". Según la Generalitat, vistos los hechos "delictivos" ocurridos, la Intervención General ha decicido volver a auditar todas las cuentas desde el año 2002, comprobando cada uno de los recibos.

"La auditoría extraordinaria actualmente en curso está comprobando el uso que el Orfeó ha hecho de estos fondos y la efectiva realización de las obras y servicios pagados", señaló el Departamento de Economía en una nota. Este rastreo se realiza al margen de la macroauditoría que la firma Deloitte elabora sobre las cuentas del Palau, la cual, aunque versará también sobre las aportaciones públicas del consorcio, se centra sobre todo en las de la fundación y la asociación.

Montull aseguró al auditor en 2004 que el Palau corregiría los errores

Las auditorías internas del consorcio elaboradas entre 2002 y 2008 apuntaban ya varias irregularidades, pese a que siempre se saldaron con un informe favorable del interventor, y el Gobierno catalán fue informado de ello. Las recomendaciones que realizaron los auditores en 2004 merecieron una respuesta del ex director administrativo del Palau Jordi Montull. La veintena de observaciones formuladas por la intervención se contestaron, una por una, con una escueta frase en la que Montull sostenía que se tendrían en cuenta las observaciones, a pesar de que muchas persistieron durante años.

El análisis de las cuentas que realizaron los interventores señala irregularidades, algunas de las cuales ya detectó el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2002. Entre ellas, había varios pagos insuficientemente justificados y facturas por trabajos sin contratar con las empresas Triobra y FM2, que también constan en la querella del fiscal y el sumario del juez, como explicó ayer EL PAÍS.

El Departamento de Economía y Finanzas aseguró el un comunicado que el patronato aprobó las ayudas presupuestadas para el Orfeó y que los informes acreditaron que "el balance de la entidad reflejaba su situación patrimonial y cumplía la legalidad".

Montull, que pidió una reunión con la Intervención de la Generalitat, respondió a todas las observaciones formuladas en 2004, sobre las cuentas de 2003, de forma muy escueta: se limitaba a responder que todo lo detectado se estaba corrigiendo.Por ejemplo, la intervención detectó ese año que varios trabajadores estaban sobrepasando el límite de 80 horas extras anuales estipulado en el Estatuto de los Trabajadores, lo cual podía constituir "una infracción grave". "Se toman las medidas oportunas para regularizar esta situación", se limitó a señalar Montull. Sin embargo, el año siguiente se dio la misma incidencia. También se le advirtió de que la entidad estaba sujeta a la ley de contratos de las administraciones. La respuesta fue la misma. Y se ignoró la recomendación.

Sin embargo, el Gobierno catalán no trató el caso Millet en su reunión de ayer, según afirmó el consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura. "No hemos hablado de ello", aseguró, y matizó que los últimos movimientos del Ejecutivo al respecto se produjeron el pasado viernes, cuando se reunieron los consejeros de Justicia, Montserrat Tura; Cultura, Joan Manuel Tresserras, y Economía, Antoni Castells. Preguntado por si el Gobierno catalán está preocupado por el descrédito y la desafección que casos como el del Palau puedan provocar en los ciudadanos, Saura reconoció que sí crea desafección "y son dañinos para la sociedad". "Pero si han ocurrido es bueno que se sepa", añadió.