Las auditorías del tripartito aprueban al Palau pese a hallar irregularidades

No sólo el Gobierno de CiU conocía las irregularidades del consorcio del Palau de la Música. Las auditorías internas que llegaron al Ejecutivo tripartito desde 2004 también advertían de anomalías, algunas graves, en la gestión de la entidad, integrada por las administraciones públicas y dirigida por Fèlix Millet. La intervención del Departamento de Economía y Hacienda halló salidas de dinero cuya justificación era insuficiente y facturas por trabajos que no fueron contratados. Aun así, el dictamen de los auditores siempre fue favorable.

Los informes públicos se componen de un dictamen, en el que el auditor da su opinión, y un análisis detallado de las cuentas. Sólo en los dictámenes que llegaron en 2003 y 2004 (correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, respectivamente) los auditores expresaron reparos. En los años siguientes no lo hicieron, a pesar de que en el análisis de las cuentas advertían que no se habían subsanado muchas irregularidades detectadas en ejercicios anteriores.

Millet se subió el sueldo el 40% sin el permiso del patronato

Las auditorías oficiales recogen que entre 2001 y 2008 salieron 2,94 millones de euros del consorcio hacia la Asociación Orfeó Català, que la investigación del caso señala como la principal plataforma desde donde se desviaban fondos. De esta cantidad, 668.064 euros corresponden a mensualidades fijadas por convenio. El resto, 2,27 millones, se abonó en concepto de "colaboraciones". Estas aportaciones habían sido ya cuestionadas por el informe que la Sindicatura de Cuentas remitió a la Generalitat en 2002. No sólo por su inconcreción, sino también porque, en las cuentas que había examinado, el consorcio dijo haber dado 332.000 euros y la asociación sólo había declarado 186.000.

La auditoría sobre las cuentas de 2003, que llegó a Economía en septiembre de 2004, advertía de cuatro pagos al Orfeó Català sin "factura justificativa" de las compras, sino sólo con un recibo de la asociación. Dos pagos exactamente iguales, de 30.051 euros, se realizaron bajo dos paraguas muy genéricos: "mobiliario diverso" y "mantenimiento de las instalaciones". Los auditores advirtieron ese año sobre dos importes más: uno de 9.015 euros por "coordinación de actos" y otro de 12.786 euros por "reportajes fotográficos".Las aportaciones del consorcio a la Asociación Orfeó Català fueron constantes hasta 2008. De hecho, la intervención recomendó en el análisis de las cuentas de 2005 y 2006 que estas cantidades se "tramitaran mediante resolución del órgano del consorcio con competencias" y se publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Pero ese trasvase de dinero público siguió dándose, incluso hacia la fundación, en ocasiones "sin especificar la contraprestación". Dadas las vinculaciones de las tres entidades (fundación, consorcio y asociación), los auditores de la fundación incluso habían reclamado en varias ocasiones poder examinar las cuentas de la asociación.

Los auditores, además, hallaron en 2003 varias facturas que sumaban 182.237 euros con empresas sin que hubiera ningún contrato. Las mayores correspondían a Alliver (54.893 euros), FM2 (52.958) y Triobra (32.022). Las dos últimas empresas aparecen en varias ocasiones en el sumario del caso. Según la querella del fiscal y la confesión de Jordi Montull, FM2 y Triobra se prestaron a falsificar facturas para poder justificar el desvío de fondos del Palau.

En la auditoría de las cuentas de 2006, entregadas en 2008, los auditores realizan una nueva advertencia sobre los contratos con estas empresas, que alcanzan los 513.600 euros. Puesto que el consorcio es un organismo público controlado por la Generalitat, los contratos deben hacerse conforme a la ley de administraciones. "En el ejercicio revisado, el equipo de control no ha visto ningún expediente de contratación de acuerdo con los procedimientos fijados". Además, volvieron a hallar facturas de más de 12.000 euros sin contrato, cuando estas cantidades requieren que haya concurso.

Otra anomalía en la que hace hincapié la auditoría es el sueldo del gerente del consorcio, Fèlix Millet. Los interventores recomendaron que el contrato verbal que regía ese salarío se plasmara en un contrato. Su sueldo, de 107.294,84 euros en 2002, se incrementó hasta 149.588,35 euros en 2008, el 40%. En el periodo de 2002 a 2008, además, se registraron desviaciones presupuestarias de entre 1.597,20 y 7.840,81 euros respecto al presupuesto inicial, sin que ello fuera aprobado por el patronato de la entidad.

Los auditores realizaron numerosas recomendaciones para subsanar las anomalías del consorcio, sobre todo en 2002 y 2003 (17 cada año), y en 2004 (21). Las sugerencias fueron disminuyendo hasta las seis de 2007.