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Editorial:

Amnesia antiabortista

El PP, que renunció a derogar la ley, ha jaleado la protesta de Madrid con el pretexto de su reforma

Decenas de miles de ciudadanos se echaron ayer a la calle para protestar contra la reforma de la ley del aborto. Las 42 asociaciones convocantes exhibieron músculo en Madrid al lograr una notable movilización, a la que, tras jalearla, a última hora se apuntó una representación del Partido Popular más importante de la anunciada.

La protesta evidenció una vez más que en este país sigue habiendo un porcentaje no desdeñable de ciudadanos que rechaza sin paliativos la interrupción voluntaria del embarazo, y que están dispuestos a salir a la calle para defender sus convicciones e intentar que el debate sobre el aborto regrese cada cierto tiempo a la casilla de salida, exigiendo en el fondo la abolición de la ley en vigor. La justificación de la protesta era que, desde el punto de vista de los organizadores, la reforma legal en curso facilita el aborto al consagrarlo como un derecho, además de autorizar a las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir el embarazo sin permiso paterno. Pero la modificación de la ley no es sino un pretexto, pues las entidades convocantes no ocultan que su objetivo último es la derogación de la ley en vigor para que el aborto sea, como hasta hace un cuarto de siglo, una actividad proscrita, y por tanto clandestina.

Por eso llama la atención la masiva presencia en la marcha de dirigentes del PP, que durante ocho años rigieron el destino del país sin que jamás plantearan una reforma legal de este calado. De tamaño ejercicio de amnesia participaron ayer el ex presidente José María Aznar, los ex ministros Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre y la ex subsecretaria de Interior María Dolores de Cospedal, cuya presencia en la manifestación, en su condición de secretaria general del PP, constituye un claro guiño de Mariano Rajoy al segmento más ultraconservador de su electorado. Pero la experiencia demuestra que el furor antiabortista de los populares será pasajero: la pasada legislatura los populares se manifestaron contra la ley que autoriza los matrimonios homosexuales y la impugnaron ante el Tribunal Constitucional, pero en la campaña, para no espantar al electorado de centro, Rajoy descartó derogarla.

La reforma que el Congreso debatirá en breve homologa nuestra legislación con la de buena parte de las democracias de nuestro entorno, y aporta garantías jurídicas a la mujer para que decida libremente sobre su maternidad. La actual despenalización, y en particular el supuesto del "riesgo psicológico" para la madre, ha permitido sin duda algunos excesos. Pero también ha dado pie a montajes tan bochornosos como el urdido por varios guardias civiles contra la clínica Isadora de Madrid, que culminó con la identificación y persecución de las mujeres que se habían sometido a la interrupción voluntaria del embarazo en ese centro privado. Ha sido, como concluye el juez al archivar la causa, una persecución "inquisitorial" con fines "publicitarios e intimidatorios". Porque la actual normativa deja la puerta abierta a la criminalización de las mujeres; algo que debe terminar cuanto antes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de octubre de 2009