El 'caso Gürtel' debilita la alianza de Camps con los empresarios

"Estamos perplejos ante lo que está pasando, esa es la verdad", afirma un destacado empresario valenciano. Su impresión es un sentir general. El caso Gürtel, afirman, reclama toda la atención del Gobierno de la Generalitat. Anula reuniones comprometidas. Genera desconfianza en la gestión del Consell. Hipnotiza a la oposición. Y daña una imagen ya tocada por polémicas anteriores, como la que rodeó al modelo urbanístico, denunciado varias veces en Europa, o la que convirtió al Valencia CF en un culebrón. Si no tenían bastante con lidiar con la mayor crisis de su generación, cayó la bomba Gürtel y lo paró todo.

"Estamos viviendo un momento económico muy difícil, que requiere discutir y buscar soluciones en común. Exige mucho trabajo. Y lo que está pasando, por decirlo suavemente, distrae la atención de los gobernantes. Tampoco facilita alcanzar acuerdos en cuestiones importantes... La situación política no se está gestionando bien, claro que no. Y, además, no da la sensación de que vaya a solucionarse a corto plazo", opina un empresario.

"La situación política no se está gestionando bien, claro que no"

"Las empresas valencianas son el pim, pam, pum" de las tertulias"

"La imagen del empresariado está saliendo mal parada"

La preocupación entre los empresarios es triple. En primer lugar, está la crisis económica. En segundo, la incapacidad del Gobierno de Francisco Camps y su equipo de dirigir la búsqueda de soluciones a la situación que atraviesa la economía, ocupados como se encuentran en su propia supervivencia política. En tercer lugar, está la cuestión de la imagen.

Juan Eloy Durá, presidente de Fevec, la patronal valenciana de constructores, fue el primero en reconocer que el caso Gürtel inquietaba en las filas del empresariado. Y además, es uno de los pocos que lo ha admitido en público. Durá tenía argumentos para hacerlo. Cinco constructoras valencianas -Sedesa, Ortiz e Hijos Lubasa, Facsa y PIAF- aparecen señaladas en un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP en connivencia con Orange Market, la sucursal valenciana de la trama organizada por Francisco Correa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

El presidente de Fevec, en un acto junto al vicepresidente Juan Cotino (cuya familia controla Sedesa), hizo una matizada defensa de las sociedades implicadas, y pidió que las posibles conductas ilícitas de cinco empresas no mancharan la reputación del sector. Otro importante empresario contratista de obra pública comparte la inquietud de Durá. Tras el escándalo de la supuesta financiación ilegal del PP por parte de las constructoras citadas, "las empresas valencianas se han convertido en el pim, pam, pum de las tertulias de las radios y las televisiones de España", refiere con angustia. Desde su punto de vista, sería necesario un gran esfuerzo por parte de los partidos y los medios de comunicación para evitar un mayor deterioro de la imagen.

"La imagen del empresariado en general está saliendo mal parada en este proceso, y eso no es bueno. Si alguien ha hecho algo, tendrá que responder, pero a través de un procedimiento judicial normal y sin anticipar conclusiones", señalan fuentes empresariales de Alicante. "El foco se ha centrado en las turbulencias políticas y una situación económica como la actual exige tomar decisiones. Está claro que todo es importante, pero si se ponen en orden, la situación económica es vital. Y ahora está todo más o menos paralizado", añaden.

En las semanas que siguieron al 19 de febrero, el día que se reveló que el fiscal implicaba personalmente a Camps en el caso de corrupción, los empresarios fueron movilizados reiteradamente para asistir a actos supuestamente empresariales cuyo objetivo, a nadie se le escapaba, era justamente arropar al presidente en el trance. Desde entonces, a pesar del momentáneo respiro que implicó el archivo de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la cosa no ha hecho más que empeorar. Y las movilizaciones han cesado. "Ahora no nos están llamando, pero tampoco tendría mucho sentido que lo hicieran. ¿Qué pintamos nosotros ahí otra vez?", cuenta un empresario, que añade: "Si mañana montan un acto de este tipo, yo no me puedo negar a ir, pero si no me llaman, mejor".

"Todos los partidos han sufrido problemas como estos", afirma otro, "que no son fáciles de gestionar". Y que pasan factura más allá de las personas implicadas. La valenciana era percibida no hace tanto tiempo, afirma, como una comunidad moderna, de vanguardia, que generaba envidia en otras zonas de España. El caso Gürtel, unido a polémicas previas, ha afectado a la imagen de marca del territorio. Y ha relegado a un muy secundario puesto el debate sobre el cambio de modelo productivo.

Los políticos, prosigue, aluden habitualmente al cambio, pero ninguno explica cómo se va a llenar, mientras llega, el vacío dejado por el hundimiento de la construcción, que puede implicar un retroceso de cuatro o cinco puntos en el Producto Interior Bruto autonómico. Ni con qué dinero va a hacerse. Para alcanzar un objetivo tan complicado es necesario elaborar una hoja de ruta a la que se sumen partidos, empresarios y demás agentes sociales, afirman. "Los tiempos son muy duros, y ya no nos valen los discursos vacíos de contenido", advierten.

Para afrontar ese reto hace falta, además, un poco de estabilidad institucional. Y como comenta otro empresario, de momento el caso Gürtel "no parece que vaya a escampar".