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Columna
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Rectificación en toda regla

Desde la firma del Pacto de Lizarra al final de la primera legislatura de Gobierno del PP y, sobre todo, desde el resultado de las elecciones autonómicas vascas de 2001 -que puso fin a la expectativa de Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros de alcanzar la lehendekariza y enviar al PNV a la oposición, lo que, a su vez, condujo a la reafirmación de Juan José Ibarretxe como un lehendakari con peso específico propio- la agenda política del País Vasco estuvo dominada por un discurso nacionalista. Éste descansaba en la negación de la unidad del poder constituyente del pueblo español frente al que se afirmaba un poder constituyente originario del pueblo vasco, del que no se proponía hacer uso de manera plena, convirtiendo al País Vasco en un Estado independiente, sino de una manera limitada, articulando la relación entre el País Vasco y España mediante un estatuto de libre de asociación del primero a la segunda, estatuto definido unilateralmente por el Parlamento vasco. Éste era el núcleo esencial del llamado plan Ibarretxe, que se vehiculó a través de la reforma del Estatuto de Gernika, que no pasaría la fase de toma en consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados ya con José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno.

No acabo de entender la posición de la dirección nacional del PP contraria al 'blindaje' del Concierto

El discurso del nacionalismo vasco no ponía en cuestión la Constitución española en cuanto tal, sino que se limitaba a excepcionar su vigencia para el País Vasco, negando la legitimidad de las Cortes Generales y del Tribunal Constitucional para tomar decisiones que pudieran afectar a un pretendido derecho a decidir del pueblo vasco. Este discurso político nacionalista dividió al País Vasco prácticamente por la mitad y, como consecuencia de ello, se produjo una parálisis de su sistema político, del que únicamente se podía salir mediante el arbitraje de Batasuna en cualquiera de sus formas de manifestación.

A pesar de que el resultado de las últimas elecciones vascas había certificado el fracaso de dicho discurso, no se había producido todavía una rectificación por parte del PNV. Ha sido en estos últimos meses cuando se ha iniciado la rectificación, que se ha expresado de manera solemne esta misma semana con la presencia de todos los partidos políticos vascos en el Congreso de los Diputados para asistir a la sesión en la que se iba a tratar el tema de las garantías para el blindaje del Concierto.

Por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución y del Estatuto de Autonomía se ha llegado a un acuerdo por unanimidad en el País Vasco para convertir a las Cortes Generales y al Tribunal Constitucional en los garantes del hecho diferencial del ejercicio del derecho a la autonomía del País Vasco. Porque el blindaje del Concierto no significa nada más que eso.

Frente al discurso de la falta de legitimidad de las Cortes y el Constitucional, que había divido al País Vasco por la mitad, se ha impuesto un discurso del reconocimiento de ambos órganos constitucionales del Estado como la garantía de la autonomía vasca, unificando a todos los partidos en torno al mismo.

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Esto no ocurrió ni en el proceso constituyente. La insatisfacción del nacionalismo vasco con la redacción de la Disposición Adicional Primera de la Constitución fue lo que condujo a que se solicitara la abstención en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. El nacionalismo vasco nunca ha reconocido hasta esta semana que la autonomía vasca encuentra su fundamento en la Constitución y que, como todo el resto del sistema constitucional, tiene su garantía en las Cortes Generales y en el alto tribunal.

La rectificación es de una importancia extraordinaria. Llevamos años en los que no hemos hecho más que escuchar vaticinios agoreros acerca de la inevitable deriva hacia el independentismo del País Vasco como consecuencia de la ausencia de firmeza del Gobierno de la nación, y nos encontramos con que todos los partidos vascos sin excepción vienen al Congreso a pedir que las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional los amparen en el ejercicio de su derecho a la autonomía, tal como está reconocido en la Constitución, a pesar de que dicho reconocimiento fue considerado insatisfactorio en el momento constituyente por el PNV.

Por eso no acabo de entender la posición de la dirección nacional del PP, oponiéndose al blindaje del Concierto, que había sido aprobado por el PP del País Vasco y que ha conducido a una ruptura de la disciplina de voto en el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Es verdad que el blindaje aparece conectado a la aprobación de los Presupuestos, pero no creo que éste sea motivo suficiente para actuar de esa manera. A la unanimidad en el Parlamento vasco debería haberse respondido con unanimidad en el Congreso de los Diputados.

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