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Las consecuencias políticas del 'caso Gürtel'

El Gobierno valenciano anuncia una queja contra Garzón por ignorar datos favorables

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se deshizo de todo el caso Gürtel el pasado 6 de marzo, cuando envió una parte al Tribunal Superior valenciano y otra, al de Madrid para que investigaran a aforados de esas dos comunidades. Ayer, el Gobierno valenciano anunció que presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por la actuación del magistrado en un caso que llegó a la imputación por cohecho de cuatro cargos del PP valenciano, incluidos el presidente de la Generalitat.

Para el Consell, Garzón no tuvo en cuenta una conversación grabada en la cárcel entre los cabecillas de la trama y sus abogados que podría ser favorable a Francisco Camps. Garzón ordenó retirar del sumario esas conversaciones, y muchas otras, que perjudicaban al presidente valenciano, y al propio partido por financiación ilegal, ya que afectaban al derecho de defensa. El PP ya presentó una denuncia en el Tribunal Supremo y una queja ante el CGPJ contra Garzón por prevaricación. Ambas fueron archivadas.

Mientras, en Madrid, dirigentes del PP como María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría apuntalaron las decisiones tomadas por Rajoy en Valencia. Rajoy no fue capaz de explicar el pasado jueves por qué Costa debía dimitir y Camps, no. Los dos estuvieron imputados y en ambos casos se archivó. Los dos eran amigos de El Bigotes y recibieron regalos. De los dos se ha publicado conversaciones embarazosas. Pero según Cospedal, secretaria general del PP, "de ninguna manera es igual la situación de Costa que la de Camps". En la Cadena SER, Cospedal dijo que a Costa se le exigía "un plus" en su comportamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de octubre de 2009