El Gobierno planea cambiar la ley para que los atuneros lleven armamento militar

El secretario de Estado de Defensa, el secretario general del Mar y el de Política de Defensa ofrecieron ayer a los directivos de las dos principales asociaciones de atuneros (ANABAC y OPAGAC) negociar con el Ministerio del Interior un cambio en la Ley de Seguridad Privada para permitir a los vigilantes que embarquen en los buques el uso de armamento militar. El ministerio facilitaría el traslado y la financiación del armamento y del personal (el sueldo de uno de estos vigilantes supera los 300 euros al día). Los atuneros se habían opuesto siempre al embarque de personal de seguridad privada porque el tipo de armamento que les permitía usar la ley no era suficiente para disuadir a los piratas, armados con lanzagranadas y metralletas.

Defensa también ha ofrecido a los armadores que militares de la Armada entrenen a los vigilantes privados que vayan a embarcar en los buques.

El Gobierno sigue negándose en redondo a subir militares en los buques porque la Ley de Defensa Nacional, alega, lo impide, y porque desde el punto de vista operativo es imposible. Francia, que sí lo ha hecho, cuenta con 3.000 militares en la base de Yibuti, tantos como tiene España desplegados en el exterior.

Mientras, el joven armador del Alakrana continúa negociando desde Nairobi con los piratas. Ayer telefoneó a José Vieites, presidente de Euroatún (organización que representa a atuneros y conserveras). "Hoy ha hablado con los marineros y están nerviosos", explica Vieites. "Además, el mediador le ha dicho que traerse a España a los dos piratas detenidos va a complicar las cosas. Aún no han hablado de cantidades de dinero, pero el tiempo corre a favor de los secuestradores, porque hace que la presión aumente". Vieites propone que la Operación Atalanta "localice los puntos de salida en tierra de los piratas y los paralice antes. De lo contrario, y viendo lo bien que les va el negocio, la piratería podría extenderse a otros mares", apuntó.