El principio de un largo e incierto camino legislativo

El paso dado ayer en el Congreso de los Diputados no cierra, sino que prolonga el debate sobre la cuestión del blindaje de las normas forales por un tiempo difícil de precisar, en el que van a seguir expuestos los dos aspectos que más se le han reprochado al PNV: haber capitalizado lo que era un acuerdo casi unánime del Parlamento vasco y haberlo vinculado a su negociación de los Presupuestos Generales con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En primer lugar, porque el partido de Urkullu, como recalcaron ayer Josu Erkoreka y Aitor Esteban, no considerarán satisfecha esta "precondición" para dar su apoyo a los presupuestos hasta que haya un acuerdo cerrado sobre el "texto final" de la reforma que se pretende en las leyes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.

Mientras tanto, lo más probable es que el PNV presente "cautelarmente" una enmienda de totalidad a los presupuestos -el plazo concluye el viernes-, con el fin de asegurarse las garantías que pretende del PSOE. En el caso de obtenerlas, siempre podrá retirar la impugnación durante la tramitación de las cuentas del Estado. Sin embargo, como la asignación al Tribunal Constitucional del control de legalidad de las normas forales es sólo uno de los requisitos previos puestos por los peneuvistas, lo más probable es que, de alguna manera, la cuestión del blindaje, lejos de pasar a segundo plano, esté en el candelero político al menos hasta que el PNV dé su voto final a los presupuestos a finales de diciembre. Y es de suponer que en el proceso se hagan también oír las voces que rechazan de plano esa protección jurídica desde las comunidades limítrofes y que, en el caso de La Rioja y Castilla y León, amenazan con llevar al propio Tribunal Constitucional la reforma legislativa que les impediría recurrir -en la jurisdicción ordinaria así como en la constitucional- unas normas de contenido tributario que consideran lesivas para sus empresas.

Meses de tramitación

Aun superado el escollo presupuestario, quedaría un largo camino legislativo que pasa por la remisión de la proposición de ley admitida ayer a la Comisión Constitucional del Congreso, donde podrá crearse una ponencia específica y se abrirá el plazo correspondiente para la presentación de enmiendas. Posteriormente debe producirse el debate en comisión y en el pleno del Congreso, pasar al Senado si es aprobado el proyecto de ley y volver al Congreso. Dado que se plantea retocar al menos quince preceptos de la Ley del Tribunal Constitucional, que los presupuestos tienen prioridad y existen otras normas en tramitación, incluso en el caso de que llegue a buen puerto, el mal llamado blindaje del Concierto va a estar muchos meses sometido al roce político.