El oasis catalán, ¿espejismo o realidad?

Constructoras de obras públicas acusadas de pagar peaje a la trama corrupta del PP; dignísimas instituciones como el Palau de la Música que con una mano obtienen subvenciones públicas y con la otra alimentan a fundaciones de la órbita nacionalista; informes sobrevalorados que con cargo al erario público imparten consignas partidistas, aleccionando al gobernante sobre cómo conservar el poder... Sin ánimo de ofender a nuestros venerados líderes, no es osado concluir que, en este país, cada vez que algo huele a podrido el hedor conduce a la financiación de los partidos, cuando no a la de los propios políticos.

Por frustrante que sea para la autodenominada "sociedad civil catalana", antaño llamada burguesía, el descubrimiento en forma de serial periodístico del pillaje sistemático y masivo perpetrado en el Palau de la Música tiene un efecto benéfico para Cataluña: la temporal destrucción del mítico "oasis catalán", ese cenagal de resabios sicilianos donde la corrupción se consiente y se premia el silencio cómplice. Mucho se ha escrito aquí y en Madrid, a raíz de los casos de corrupción que salpicaron a CiU en la era pujolista, acerca de la supuesta omertà imperante en la biempensante Cataluña. El propio Pasqual Maragall alimentó el tópico al sugerir en el Parlament, sin pruebas ni el menor propósito de buscarlas, que la federación nacionalista se agenciaba desde la Generalitat comisiones del 3% sobre el importe de las adjudicaciones públicas.

Que el Parlament investigue el 'caso Palau' y los informes del tripartito. Es hora de enterrar el mito de la 'omertà'. ¿O no?

Pero ese oasis cuya frondosa vegetación encubría las miserias patrias no ha aflorado (por ahora) en el caso Palau. Y eso que Fèlix Millet y sus abogados se han empleado, a fondo pero por ahora sin éxito, en la empresa de enterrar tan enojoso asunto. Por carta o de viva voz, han amenazado genéricamente a todos los partidos (en público) y a ciertos dirigentes de CiU (en privado) con desvelar ante el juez las comisiones pagadas a políticos a cambio de las ayudas públicas que recaudaba el Palau.

Con su primer disparo de aviso han abatido al frágil Àngel Colom, ave migratoria de la política que ahora admite lo que anteayer negaba: que pidió limosna a Millet para saldar sus deudas bancarias justamente cuando Convergència lo acogía bajo sus cálidas alas. Tiempo tendrá, con sus pufos pretéritos y sus embustes presentes, para aclarar al juez quién le guió hasta Millet. Porque Colom no es sino caza menor en esta batida: el recado de los sátrapas del Orfeó iba a destinado al partido de Artur Mas, forzado a reconocer que otra de sus fundaciones recibió más de 600.000 euros del Palau. Con tan espontánea confesión, quizá el número dos de CDC, Felip Puig, no tuviese tiempo de cotejar si la Fundación Trias Fargas pudo haber cobrado en dinero negro parte de los generosos donativos de Millet, que no aparecen en la contabilidad oficial del Palau.

Mientras el fuego cruzado de amenazas y venganzas que rodea el affaire Millet desbroza el camino hacia la verdad, el oprobio trasciende a los estafadores y a sus familias, mancillando no sólo a los mecenas que sin hacer preguntas les reían las gracias, sino también a los gobernantes que miraron para otro lado. Y por supuesto, a los partidos que se beneficiaron de tan sospechoso estrabismo institucional.

El mismo estrabismo, por cierto, del que adolece el tripartito al juzgar con suma indulgencia los informes externos que encargó a partir de 2007, pese a que por idénticas prácticas, desde la oposición, exigió y arrancó dimisiones a los gobiernos de Pujol. De nuevo, las cuentas públicas y las finanzas partidistas se funden en un todo pestilente. Que la Generalitat pague 27.000 euros por un estudio sobre la imagen de los socios del tripartito, o que los consejeros malgasten parte de su magro presupuesto en consejos sobre cómo convertirse en líderes, supone un uso ilegítimo de los caudales públicos merecedor de igual condena moral -y acaso penal- proceda de donde proceda.

Sólo al corrupto favorece el discurso deslegitimador de la política, el "todos son iguales". Para combatirlo, nada mejor que la transparencia. Investíguense en el Parlament las subvenciones al Palau y los informes de la Generalitat; depúrense las responsabilidades políticas oportunas. Que el oasis sea un mero espejismo. ¿O mejor no?