Lo que sirve para el Estatuto extremeño no vale para el catalán

El primer proyecto de estatuto de autonomía de esta legislatura llega hoy al Congreso. PSOE y PP han pactado en Extremadura un texto que iniciará ahora su trámite parlamentario. Según ambos partidos, será tramitado con celeridad y sin apenas correcciones, ya que no incluye asuntos de fricción entre ellos o con otras comunidades, como ha ocurrido con el de Castilla-La Mancha, varado en el Congreso por la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

El proyecto pactado en Extremadura consagra la tendencia a la asimetría entre comunidades, ya que el PSOE y el PP han renunciado a posiciones que mantuvieron en los estatutos aprobados en la anterior legislatura. Especialmente el PP, que ahora bendice artículos idénticos a algunos del Estatuto de Cataluña que tiene recurridos ante el Constitucional.

Socialistas y populares renuncian a posiciones de la anterior legislatura

El recurso elaborado por la ahora portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el responsable de Justicia en ese partido, Federico Trillo, pedía la nulidad de más de 120 artículos del Estatuto catalán. Ya en la legislatura pasada el PP aceptó artículos similares a los recurridos para Andalucía y para el fallido Estatuto canario; ahora lo ha vuelto a repetir con el de Extremadura.

Singularmente, acepta una disposición que establece el mínimo de inversión del Estado en Extremadura en función del PIB, lo que en Cataluña era para el PP una intromisión en la capacidad del Estado y de las Cortes para aprobar los Presupuestos. También acepta un capítulo muy extenso sobre relaciones exteriores que no admitía en Cataluña. De hecho, hay todo un capítulo sobre relaciones con Portugal, mientras que el texto de Cataluña no establece una regulación similar con Francia. Permite, incluso, programas comunes y actuaciones de difusión del portugués.

En el capítulo de justicia, aunque el proyecto extremeño no llega tan lejos como el de Cataluña, sí tiene algunos artículos idénticos, como los referidos a las funciones del Tribunal Superior en detrimento del Supremo o a la justicia gratuita, que también están recurridos. En ambos casos, el recurso del PP asegura que en Cataluña se vulneran competencias estatales que sólo pueden establecerse en leyes orgánicas.

Gran parte del recurso del PP en Cataluña se refiere a la bilateralidad que se establece a través de una comisión mixta, y ahora el partido de Rajoy acepta para Extremadura una regulación idéntica a la rechazada para Cataluña. El recurso ponía pegas a expresiones como "armonización fiscal" que, sin embargo, ahora son aceptadas tal cual en Extremadura.

Esta situación se repite en otros artículos como la regulación del Consejo Consultivo, que en Cataluña suponía para el PP una intromisión en las competencias del Tribunal Constitucional.

En el texto extremeño también hay renuncias del PSOE con respecto a estatutos de la anterior legislatura. Por ejemplo, no hay un capítulo dedicado a derechos y deberes, se limita a un artículo que asegura que "los derechos fundamentales de los extremeños son los establecidos en la Constitución. Además, podrán solicitar de los poderes públicos regionales el efectivo ejercicio de aquellos otros derechos contenidos en este Estatuto o en la legislación, especialmente el de participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes y el de petición. Para contribuir al bienestar colectivo, son deberes de los extremeños los previstos en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico".

Los socialistas han renunciado también en Extremadura a la tipología de las competencias que establecieron en otros estatutos y que se convirtieron en la columna vertebral de esos textos. En este caso se limitan a hacer una relación de las competencias exclusivas, sin diferenciar las estatales y las compartidas.

En justicia, baja varios peldaños con respecto al catalán y limita las competencias de la Junta y del futuro Consejo de Justicia extremeño, aunque establece que el Tribunal Superior es la "última instancia jurisdiccional de los procesos y recursos tramitados en su ámbito territorial".

Extremadura entrega la reforma de su estatuto en el Congreso