Patronatos, consejos, fundaciones, auditores...

La mayor parte de nuestras entidades del campo económico, sean con afán de lucro (empresas), sean sin él (fundaciones, asociaciones), están gestionadas por un órgano de administración de carácter colectivo y una persona como ejecutivo. Normalmente las empresas tienen un consejo de administración y un consejero delegado o un director general; las fundaciones, un patronato y un director. En todos los casos existe además un presidente, que en las empresas a veces coincide con el consejero delegado y en las fundaciones no coincide casi nunca con el director. Es una estructura que se ha demostrado eficiente para la gestión, pero que cuando llegan momentos de crisis y se identifican responsabilidades, genera confusiones entre unos y otros. Casos de actualidad en Cataluña, tanto en el campo empresarial como en el cultural, lo están poniendo de manifiesto.

Hay disfunción entre el papel del patronato en una empresa y la conciencia que tienen sus miembros de sus responsabilidades

La razón fundamental de la disfunción está en el papel que en la realidad desempeña el órgano colectivo y la conciencia que tienen sus miembros de sus responsabilidades. No entro en el caso de las empresas, ya que la actual Ley de Sociedades Anónimas y los códigos de buen gobierno han delimitado muy claramente este tema, por mucho que no exista a veces una clara conciencia de las responsabilidades en los administradores. Quiero, esto sí, referirme a las entidades no lucrativas (fundaciones, asociaciones...), entidades que, aunque no persigan beneficios, pueden mover cantidades importantes de dinero, tanto de origen privado como público. Cuando se habla en Cataluña de la fortaleza de la "sociedad civil" -término que alguien algún día deberá definir, si es posible-, se está haciendo referencia, entre otras cosas, a la abundancia de organizaciones de este tipo.

Pienso sinceramente que existe una cierta confusión en el papel que deben desempeñar los patronatos de las fundaciones. El nombramiento de sus miembros se hace normalmente buscando personas que puedan aportar iniciativas, ayudas y credibilidad. Iniciativas para mejorar las actividades y contribuir a la realización de los objetivos fundacionales, ayudas concretas en momentos en los que se precisan y credibilidad frente a la opinión pública y las autoridades respecto de una buena administración de los recursos que manejan. Mi experiencia indica que en general hay mucha más aportación de iniciativas y de ayudas que preocupación por poder avalar con su presencia la buena gestión económica de la entidad. El tipo de relaciones de confianza que se establecen, la prudencia de no convertirse en incómodo y la presunción justificada de buena gestión introducen una despreocupación sobre este tema.

Se da la paradoja de que, normalmente, los estatutos responsabilizan a los patronatos de los aspectos económicos (aprobar presupuestos, aprobar liquidaciones de cuentas, aprobar inversiones...) y, en cambio, estos temas pasan de forma casi de trámite en las reuniones de los mismos, en las que se discuten sobre todo -y es muy bueno que así sea- temas relacionados con la actividad. Esta costumbre, basada en la confianza en el gestor y también en la aridez de la economía, no representa ningún problema en la mayoría de las situaciones, pero es la que desemboca en algunos momentos, como el que ahora estamos viviendo, en un ¡cómo ha podido pasar esto? Es comprensible que esta pregunta se la hagan los ciudadanos, pero es sorprendente que se la hagan las personas que forman parte -la gran mayoría con espíritu altruista y con una buena fe elogiable- de los órganos de administración de la entidad, sobre todo si se trata, no de un hecho aislado, sino de una gestión delictiva prolongada en el tiempo.

Quiero acabar introduciendo un tema del que se va a hablar mucho en los próximos meses. La intervención de un auditor debería ser una forma de evitar estos problemas y de dar tranquilidad a los miembros del patronato (o del consejo, si se trata de una empresa) de que un profesional externo ha hecho la revisión y ha certificado la corrección de las cuentas o, en su caso, ha detectado alguna irregularidad. Pienso que las auditorías deberían convertirse en una práctica habitual (tanto si son legalmente obligatorias como si no), pero que además debería regularse la forma de elección del auditor para evitar que el examinando pueda escoger y pagar al que lo va a examinar.

¡También tenemos un tema de actualidad que nos pone de evidencia el problema de la relación entre unas empresas y los inspectores de Hacienda que las examinaban!