Plenos con tila en Estepona

David Valadez teme a los terceros viernes de cada mes. "La víspera me hincho a tila y a manzanilla", dice medio en broma. Esos malditos viernes, el alcalde socialista de Estepona (Málaga, 63.000 habitantes) preside uno de los plenos municipales más tensos de España. Con 11 concejales, Valadez gobierna, por usar un verbo, en minoría contra un frente formado por cuatro ediles del PP y ocho ediles ex socialistas, ex gilistas y andalucistas. Estos ocho últimos tienen al menos dos cosas en común: están imputados en el caso de corrupción municipal Astapa y repudian a Valadez.

Porque él fue quien en noviembre de 2006 denunció en la policía una presunta trama de cohecho, blanqueo y malversación de caudales públicos. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción desembocó en junio de 2008 en el arresto del entonces regidor socialista, Antonio Barrientos, que dimitió; y de otros cuatro ediles socialistas y dos representantes del Partido Estepona (posgilistas), que se aferraron al acta.

La oposición ha bajado el sueldo del alcalde y paraliza el pago de deudas

Los imputados, además de no perder ocasión de zaherir a Valadez, son la muleta en la que se apoya el PP en los plenos para imponer medidas que hacen ingobernable un Ayuntamiento en quiebra. La última vez fue el día 18. El frente opositor aprobó una moción del PP en la que, entre otras medidas "de austeridad y de ayuda a las familias", se suprimían las tasas de basura, alcantarillado y apertura de comercios. Además, se recortaba un 52% el sueldo del alcalde, que pasa a ganar 2.710 euros al mes, mientras se dejaban intactos los 1.965 euros que perciben los ediles de la oposición, incluidos Manuel Reina e Ignacio Crespo, del PES, que han pasado seis meses en prisión preventiva por el caso Astapa.

La eliminación de las tasas supone que el Ayuntamiento dejará de ingresar, según Valadez, 22 millones de euros, lo que equivale a la nómina de la plantilla municipal (1.300 trabajadores) durante cinco meses. El Ayuntamiento arrastra una deuda de 160 millones y las compañías de suministro o recogida de basuras amenazan con cortar. "No tenemos ni para pintar los pasos de cebra ni para echar cloro a las fuentes", asegura el regidor.

El portavoz local del PP, Ignacio Mena, y la cabeza visible de los ediles imputados, Francisco Zamorano, expulsado del PSOE, niegan que estén de acuerdo para torpedear a Valadez. Pero la moción del día 18 no es excepcional. En junio, la oposición ató aún más las manos a Valadez al despojar al equipo de gobierno de competencias que le delegó el pleno diez años antes. Y en julio, el PP, que tiene como objetivo confeso las elecciones anticipadas previa disolución del consistorio, votó en contra de una operación de crédito de 38 millones con la Junta de Andalucía para pagos a proveedores con deudas reconocidas a 31 de diciembre de 2008. Esto hubiera permitido pagar facturas pendientes desde 1990.

En el PP no todos están conformes con la estrategia de acoso. La número dos popular, Silvia Cabrera, se pasó el 15 de septiembre al grupo de ediles no adscritos, harta del boicot. "No se puede decir no a todo lo que diga el gobierno para bloquear la ciudad, hay que ser más tolerantes", dijo. En julio, Mena le había dejado fuera de la ejecutiva local del PP.

Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros imputado por cinco delitos, acusa a Valadez de presentar "denuncias falsas" para lograr su imputación. "Lo peor que podría pasar es que hubiera hecho la denuncia para ser alcalde. Mi único delito es ir por delante de él en la lista del PSOE", afirma. El ex senador socialista no escatima pullas contra el "alcalde ilegítimo", con el que tiene claro que los puentes están rotos: "Yo con un golpista no me siento".