El fiscal pedirá al juez que encarcele a Millet y Montull

Félix Millet y Jordi Montull, dos de los saqueadores confesos del Palau, tienen un futuro judicial cada día más incierto, según se van conociendo más detalles de sus fechorías. Es muy probable que la estrategia defensiva de los abogados del despacho de Pau Molins para que sus clientes esquiven la prisión no sirva de nada si el juez del caso atiende la petición del fiscal.

Y es que cuando el magistrado Juli Solaz, titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, impute a Millet y Montull y los cite a declarar, la fiscalía ya habrá decidido que solicitará la prisión incondicional para ambos.

El fiscal considera que existen razones más que fundadas que justifican el encarcelamiento de Millet y Montull, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es decir, la alarma social causada por el caso, el riesgo de destrucción de pruebas y el peligro de fuga de ambos.

Ningún texto legal impide acabar en prisión por ser mayor de 70 años

Millet ha reconocido en una carta autoinculpatoria dirigida al juez que desvió para beneficio propio 3,3 millones de las arcas del Palau durante los años que fue presidente del consorcio del Palau, pero eso no es sino la punta del iceberg del posible fraude, que los nuevos gestores han cuantificado ya en más de 10 millones de euros. Montull también ha confesado que metió la mano en la caja y se llevó 200.000 euros aprovechando su condición de director administrativo. Sin embargo, la fiscalía considera que la estrategia defensiva de entregar al juez una carta en la que se reconoce haber cometido los delitos de estafa, malversación de caudales públicos y falsedad documental no debilita en absoluto la petición de encarcelamiento de ambos saqueadores.

Ni siquiera su edad, porque, en contra de la creencia popular, en ningún texto legal está escrito que una persona mayor de 70 años, como es el caso de Millet y Montull, no pueda acabar en la cárcel, sea para cumplir condena, sea de forma preventiva. Baste recordar, por ejemplo, el precedente del asesinato de Anna Permanyer, caso en el que un acusado de 82 años pasó varios meses en prisión preventiva antes del juicio.

Y es que, además, cada día que pasa se van conociendo nuevas revelaciones sobre el vaciado de las arcas del Palau y del Orfeó Català, que se nutrían de fondos públicos y privados.

La fiscalía ha reclamado ya en dos ocasiones al juez Solaz que cite a Millet y Montull para poder solicitar medidas cautelares personales. Pero el magistrado sigue sin resolver, ajeno a la repercusión social y política que está generando el caso. Y quien tiene competencias para llamarle al orden tampoco lo ha hecho. El Consejo General del Poder Judicial puede requerir al juez para que resuelva la querella que tiene sobre la mesa y las peticiones concretas del fiscal.

El CGPJ no puede entrar en el contenido de la resolución judicial, pero sí puede reclamarle que resuelva. Y no consta que lo haya hecho. Como tampoco ha hecho nada, o al menos no ha trascendido, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, que tiene funciones de inspección sobre todos los juzgados y tribunales de Cataluña. "Son cuestiones jurisdiccionales en las que no podemos entrar", argumentan fuentes judiciales a modo de justificación.La posibilidad de que Millet se hubiera fugado se convirtió anteayer en rumor que fue disipado al cabo de unas horas por los Mossos d'Esquadra. Según han explicado fuentes judiciales, todo empezó cuando el juez recibió una llamada de la fiscalía en la que se comunicaba que Millet había sido visto en Barajas para tomar un avión a Venezuela.

El juez telefoneó entonces al despacho de Pau Molins para transmitir la noticia y preguntar por el paradero y los abogados respondieron unos minutos después que Millet seguía en Barcelona. Pero sólo eran palabras. Para disipar cualquier duda, los abogados pidieron a Millet que acudiera al despacho, situado en la calle de Pau Casals, junto a los jardines del Turó Park. Minutos después, Millet llamaba a la puerta y detrás de él llegaron dos agentes de los Mossos d'Esquadra de paisano. Comprobaron lo que había y se fueron para comunicarlo al juez y al fiscal.

Mientras tanto, siguen trascendiendo más detalles del caso. El último es que Montull ordenó a un empleado del Palau que retirase unos papeles horas después del registro realizado por los Mossos d'Esquadra el pasado 23 de julio, en el que se incautaron de 13 cajas de documentación. La salida del empleado fue registrada por una cámara de seguridad y el empleado confesó, según informó ayer El Periódico.

Documentos sustraídos

Jordi Pina, abogado de Montull, explicó que los documentos sustraídos no afectan a la investigación judicial y que eran las escrituras de dos viviendas propiedad de su cliente. Una está situada junto al Palau de la Música y otra en la calle de Provença y en ambos casos han sido depositadas en el juzgado como garantía para cubrir la responsabilidad civil derivada de la investigación.

Después de que trascendiera que se había descubierto la sustracción de las escrituras, la defensa comunicó los hechos al juez, y éste ordenó un registro en uno de los inmuebles, que se realizó el pasado día 18. Los Mossos no encontraron ningún documento de interés para la investigación, según fuentes judiciales. La defensa asegura también que en los próximos días aportará al juez las escrituras de las viviendas, que estaban a nombre de las sociedades Belfor y Febrero Marzo SL y que Montull utilizaba para fines personales. La primera es la misma que utilizaron Millet y Montull para embolsarse un millón y medio de euros por la venta al Orfeó de un local de su propiedad comprado a mitad de precio.