Obras Públicas se plantea seguir con la ampliación del puerto de Mutriku

Lo que parecía claro hace dos meses, ahora no lo es. El Departamento de Obras Públicas "reflexionará" si prosigue con la ampliación del puerto de Mutriku, un polémico proyecto que está en los tribunales por la falta de una declaración de impacto ambiental y cuyas obras están paralizadas desde principio de año por los sobrecostes: de los 15 millones previstos inicialmente se ha pasado a los más de 40.

A finales de julio, la consejería que dirige Iñaki Arriola propuso no seguir con la extensión del dique -el proyecto inicial contempla 440 metros de longitud- y rematarlo en los 290 metros construidos. Adujo los altos costes de acometer el proyecto original y presentó un estudio en el que se concluía que, con el dique construido, ha mejorado significativamente la protección del puerto, uno de los argumentos esgrimidos para la ampliación.

Arriola se reunió con la alcaldesa, quien defiende concluir las obras

Pero desde entonces el Ayuntamiento de Mutriku y los colectivos favorables a la ampliación han iniciado una campaña para defender su postura, con movilizaciones y la convocatoria de un pleno en el que se acordó defender la ampliación, con los votos de PNV (que gobierna con mayoría absoluta) y EA, y la oposición de Berdeak. Ayer, el consejero Iñaki Arriola, quien ha defendido la búsqueda del mayor consenso posible, recibió en Vitoria a una representación municipal, con la alcaldesa Josebe Astigarraga, para acercar posturas.

Tras más de dos horas, no hubo ningún acuerdo, según fuentes de la consejería, y se emplazaron para una nueva reunión a principios de octubre. La novedad es que Obras Públicas no es ahora tan categórico como hace dos meses: abrirá un periodo de reflexión para decidir si se remata el dique como está o se amplía según el proyecto inicial. "Se va a ver si hay alguna posibilidad y se alcanza un punto en común", afirmó un portavoz del departamento.

El mayor problema es el presupuesto, ya que hasta ahora se han destinado 22 millones de euros y la ampliación total supone un coste de más de 40. En cualquier caso, Obras Públicas tiene que convocar un nuevo concurso público para licitar la obra que se decida (rematar el dique o seguir con los 150 metros previstos) y habilitar una partida presupuestaria que ahora no existe.

Este proyecto está en los tribunales desde 2006, cuando una plataforma vecinal denunció la falta de declaración de impacto ambiental en la mayor parte de las obras de ampliación del dique. La Audiencia de Guipúzcoa acordó en 2008 que siguieran las indagaciones y extendió las imputaciones, además de a las constructoras, a altos cargos del Gobierno.