Asuntos Sociales reorganiza las ayudas a las entidades privadas que trabajan en el sector

Terminar con el descontrol y el caos en las subvenciones públicas a las organizaciones privadas que trabajan en el ámbito de los servicios sociales. Es la tarea en la que se ha embarcado la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, quien ayer hizo este anuncio en el Parlamento durante su intervención para informar del desarrollo y aplicación de la Ley de Servicios Sociales, aprobada el pasado mes de diciembre y cuya cartera de prestaciones estará en vigor a principios de 2011, según el Gobierno.

Zabaleta no habló de clientelismo por parte del anterior Gobierno en la concesión de las ayudas, pero sí deslizó que no existe ningún tipo de evaluación sobre cómo se aplican una vez que las recibe la entidad privada y cuál es su eficacia.

La cartera de prestaciones sociales estará lista a principios de 2011

Zabaleta se ha encontrado al llegar al departamento que su antecesor en el cargo, Joseba Azkarraga (EA), concedía alrededor de dos mil subvenciones diferentes por un importe total de 20 millones de euros. El objetivo de la consejera es sustituir el actual sistema de por otro que resulte más "estable, eficaz y transparente", y donde prime la concertación frente a los convenios. Es decir, una fórmula similar a la que ya emplea el Departamento de Educación para financiar a los colegios privados, lo que se conoce como la concertación, y que no está sujeto a las disponibilidades presupuestarias de rigor.

La consejera dejó claro que la reorganización de las subvenciones no va a implicar recortes en las mismas. "Se van a reordenar y a tratar de garantizar que los servicios que se prestan sean estables y no dependan de que se agote la subvención. Hay que mejorar la eficacia del gasto y evitar duplicidades". Y puso como ejemplo de lo que no debe ocurrir con las subvenciones lo que pasó con los puntos de encuentro familiares en 2008, unos servicios que reúnen a los hijos con sus progenitores cuando están separados o divorciados y que, aunque son responsabilidad directa del Gobierno vasco, los gestionan asociaciones privadas que dependen de las ayudas públicas. El punto de encuentro de San Sebastián estuvo a punto de cerrar porque no le llegaban las ayudas. El viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Fantova, quien acompañó a Zabaleta durante su comparecencia, adelantó que el Gobierno asumirá a partir del próximo mes de enero la responsabilidad pública de estos servicios y también de los de teleasistencia, que hasta ahora recaían en las diputaciones.

Por otra parte, la consejera reiteró que el reciente subsidio de 512 euros mensuales aprobado por la Diputación de Guipúzcoa provoca "desigualdades" con relación a los ciudadanos de los otros dos territorios, algo que el Parlamento trató de evitar cuando aprobó la Ley de Garantía de Ingresos a finales de 2008. La ayuda guipuzcoana está dirigida a familias sin recursos que no pueden cobrar la renta de garantía de ingresos por no llevar un año empadronadas. La ley vasca requiere un año de empadronamiento, algo que resultó "fruto del consenso" en el Parlamento, recordó Zabaleta, quien sondeará entre los partidos rebajar ese plazo, aunque vaya en contra de su opinión.