La inspección fiscal persigue a los altos cargos de 'Clarín'

El extraño operativo de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en las instalaciones del principal grupo de comunicación argentino, Clarín, terminó pocas horas después de iniciarse con la retirada de los 200 inspectores fiscales que habían desembarcado en la tarde del jueves. El responsable de AFIP, Ricardo Echegaray, aseguró a Clarín que él no había ordenado semejante despliegue y que una rápida investigación interna había terminado con el despido de dos celosos funcionarios. Echegaray reconoció, sin embargo, que hay una investigación fiscal en marcha sobre "grandes contribuyentes" y Clarín anunció que varios directivos del grupo han recibido, también en las últimas horas, la visita, en sus domicilios, de hasta ocho inspectores.

El responsable de la agencia tributaria dice que no envió a los 200 inspectores

La excepcional operación resultó todavía más extraña porque se llevó a cabo justo cuando se acaba de reunir la oposición para intentar ponerse de acuerdo y frenar en el Congreso la nueva Ley de Medios Audiovisuales, un proyecto que esta en el núcleo del duro enfrentamiento que existe entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el grupo Clarín. Para colmo, ese mismo día, Clarín había publicado a toda página una información que implicaba al propio Echegaray en una supuesta estafa realizada en un organismo que presidió anteriormente. El efecto de todas estas circunstancias hizo que las repercusiones políticas del operativo fiscal fueran aun más estruendosas.

Las disculpas de Echegaray no tranquilizaron a los responsables del grupo y el diario tituló ayer a toda página "Operativo oficial de intimidación a Clarín". "Si la AFIP puede mover semejante batallón a espaldas del jefe, es obvio que la primera responsabilidad le a cabe a él, por ignorar un despliegue así en su propia área", escribe el director general adjunto del grupo, Ricardo Roa. "¿Y si no fue él, quien otro puede ordenar una movilización inquisitoria tan grande?", añade

La pelea entre Clarín y los Kirchner se desarrolla desde hace poco más de un año, cuando el grupo de comunicación, que mantenía buenas relaciones con Néstor Kirchner, (bajo su gobierno se aprobó la fusión, solicitada por Clarín, entre Cablevisión y Multicanal, ahora puesta, de nuevo, en duda) empezó a adquirir tonos más críticos con la gestión del conflicto del campo y con el papel demasiado relevante del marido de la presidenta.

En una de las imágenes más curiosas que ofrece la política argentina, la reunión de la oposición se celebró nada menos que con el vicepresidente de la Republica, Julio Cobos, a la cabeza. Cobos, de origen radical pero elegido junto a Cristina Fernández, está alejado de los Kirchner desde el conflicto del campo y se postula como posible candidato presidencial en 2011.

En la reunión celebrada ayer estuvieron presentes Mauricio Macri, alcalde de la capital (y otro de los posibles candidatos presidenciales), Francisco de Narváez (ganador de las pasadas elecciones legislativas en la poderosa provincia de Buenos Aires), y dos representantes de la Unión Cívica Radical (UCR). El peronista disidente Carlos Reutemann (otro posible competidor en 2011) fue también invitado y envió una carta de adhesión al plan. En cualquier caso, la oposición se comprometió a intentar frenar el proyecto de ley en el Congreso. Si no fuera posible, Cobos se encargaría de "congelar" en lo posible el debate en el Senado, a fin de dar tiempo a que, el 10 de diciembre, se forme el nuevo Parlamento, con los disputados y senadores elegidos en junio pasado. Se supone además que la Cámara alta será más reacia al proyecto de los Kirchner porque algunos senadores son propietarios de medios provinciales y locales.

Mientras tanto, el Gobierno lucha voto a voto para conseguir la mayoría en el Congreso en menos de una semana. La negociación se lleva a cabo fundamentalmente con pequeños grupos de centro-izquierda, que apoyan el espíritu de la ley, y que en algunos casos quieren forzar todavía más la atomización del mercado, impidiendo, por ejemplo que se autorice a las compañías telefónicas a entrar en la comercialización de la televisión por cable sin antes desprenderse de otros aspectos de su negocio.