El despliegue policial penaliza a las prostitutas sin papeles

Tres de la tarde de ayer en la calle de Robador de Barcelona. Agentes de la policía local montan guardia en uno de los epicentros de la prostitución callejera. Ante su mirada y pocos metros más allá, decenas de trabajadoras ya vuelven a hacer la calle a pesar del despliegue extraordinario de Mossos y Guardia Urbana. "Soy europea. No me pueden decir nada", sabe Andrea, rumana de 18 años. Las chicas con documentos en regla se han percatado de que la apabullante presencia policial es poco más que disuasoria, porque la prostitución no es delito y la policía no pueden echar a las trabajadoras de la vía pública. Casi ni rastro, en cambio, de las subsaharianas. La mayoría se esconde en casa, sin ganarse la vida. La represión policial, la única respuesta que ha dado el Consistorio para atajar la oferta de sexo de pago en la calle, perjudica al eslabón más precario.

Aunque tampoco es grave la amenaza a las sin papeles: las únicas cuatro prostitutas detenidas en la redada del sábado por infracción a la Ley de Extranjería ya están libres. Se les ha abierto un proceso de expulsión, pero será difícil completarlo: carecen de domicilio conocido y, en el caso de las nigerianas, no existe un convenio de extradición entre España y su país.