Reportaje:

Y ahora... sostenibles

El Gobierno improvisa una ley para revertir el modelo económico de su primera legislatura

Noviembre de 2007. El número dos del PSOE, José Blanco, descarta que su partido vaya a gravar con un céntimo de euro cada litro de gasolina para combatir el calentamiento global: "El cambio climático no se combate con nuevos impuestos". Así enterró el borrador del programa electoral de medio ambiente de los socialistas.

Consejo de Ministros del pasado 12 de junio. Nota oficial de La Moncloa: "El Consejo de Ministros también ha aprobado una subida del impuesto sobre hidrocarburos en 2,9 céntimos por litro para la tributación de la gasolina con y sin plomo y el gasóleo para automoción. [...] La imposición sobre los carburantes tiene un alto componente medioambiental, puesto que contribuye a racionalizar el consumo fomentando la eficiencia energética y reduciendo las emisiones de CO

Han pasado casi cuatro meses del anuncio y la norma sigue en pañales
El plan E no ha ido precisamente en la dirección más ecológica
"El modelo económico no se cambia con una ley, es un proceso largo"
El 'milagro español' no tenía nada de sostenible ni de ecológico
España, a la cola de la OCDE en planes verdes de estímulo contra la crisis
La norma ha paralizado la tramitación de otras leyes
Más información
Donde dije digo... digo impuesto
Zapatero revela que la reforma fiscal aportará 15.000 millones a las arcas del Estado

2, por lo que una eventual moderación del consumo, aunque tenga un coste recaudatorio a corto plazo, se consideraría positiva desde el punto de vista de los compromisos para la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático".

En medio no hubo ningún cambio de Gobierno. Ni la subida de impuestos a la gasolina desató el pánico que temían los socialistas un año y medio antes.

Lo que ha ocurrido es que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dice haber abrazado la idea del Nuevo Acuerdo Verde Global (Global Green New Deal, en alusión al plan del presidente de EE UU Franklin D. Roosevelt en los años treinta del siglo XX) que alumbró en marzo pasado el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

En su informe, la ONU pedía ayudas públicas masivas en energías renovables para salir de la crisis y, a la vez, combatir el cambio climático. "En realidad se llama economía verde, pero en Moncloa pensaron que en español sonaba poco creíble y por eso lo llamaron economía sostenible", explica una fuente próxima al Ejecutivo.

El 12 de mayo pasado -sólo dos meses después de que la ONU publicara su informe- Zapatero anunciaba en el debate sobre el estado de la nación la buena nueva: "Aspiramos a renovar un modelo económico que ha de ser sostenible en tres dimensiones clave. Sostenible económicamente a medio y largo plazo: que esté basado en la economía del conocimiento y la innovación [...]. Sostenible socialmente: que favorezca el empleo estable, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que nos ayude a encarar con garantías el reto del envejecimiento de nuestra población [...]. Sostenible medioambientalmente: bajo en emisiones, para conjurar las amenazas planteadas por el cambio climático y en una permanente tarea de ahorro energético". Esos tres ejes estarían en la Ley de Economía Sostenible.

Han pasado casi cuatro meses del anuncio y la ley sigue en pañales. "La están haciendo entre Moncloa y Economía, pero andan algo perdidos. Temen que les salga una especie de Ley de Acompañamiento que modifique un montón de leyes y no quieren eso. Han pedido papeles e ideas a todos los ministerios, profesores de universidad y a todo el que está próximo al PSOE", explica una fuente del Ejecutivo.

Otra señala que los ministerios han contestado con una "carta a los Reyes Magos", peticiones de financiación con cargo a ese fondo vistiendo como sostenibles sus programas ahora que ven recortado su presupuesto porque hay que pagar la abultada factura del paro.

La ley tendrá un fondo de 20.000 millones (la mitad, dinero privado) para dar ayudas a la "reconversión del sector de la construcción en sector de rehabilitación de edificios", el fomento de las energías renovables, proyectos de I+D y "todo lo que evite burbujas como la de la construcción", según una fuente próxima al proyecto.

Otro fondo de 5.000 millones sustituirá al Plan de Empleo Local, pero obligará a los ayuntamientos a invertir en proyectos de rehabilitación energética de edificios o en renovables. Se acabó levantar la acera para taparla. Además, la norma rebajará cinco puntos el impuesto de sociedades a las pymes que mantengan empleo.

La redacción del texto, que el Ejecutivo planea presentar en un mes y medio y tramitarlo de forma paralela a los presupuestos, ha desbaratado además la elaboración de leyes como la de Ciencia, la de Rehabilitación de Edificios, la de Movilidad Sostenible o la de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Hay partes de esas normas que quedarán subsumidas dentro de la ley de la Economía Sostenible.

Los expertos critican que el cambio llega después de cinco años de un Gobierno socialista que se apuntó los éxitos de la burbuja inmobiliaria heredada del anterior Ejecutivo. Un crecimiento económico en el que las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía o la urbanización de la costa caminaban prácticamente paralelas al PIB.

"El ciclo de crecimiento económico que ha registrado la economía española ha traído sin duda prosperidad para los ciudadanos y ha permitido mejorar su calidad de vida. No obstante, desde su inicio se puso de manifiesto la insostenibilidad, especialmente en términos ambientales. La sostenibilidad no ha sido una prioridad en España", afirma Gonzalo Sáenz de Miera, profesor de Economía de la Universidad Antonio de Nebrija y experto en renovables. Sáenz de Miera añade que esta situación genera un "problema esencialmente ético, ya que estamos deteriorando o destruyendo el capital ambiental de nuestros hijos".

Miguel Buñuel, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y experto en fiscalidad ambiental, coincide: "Una economía no puede ser sostenible si para aumentar la riqueza seguimos aumentando en la misma proporción la degradación del medio ambiente y la utilización de recursos finitos y no renovables, como el mismo suelo. Obviamente, parte del milagro español no era sostenible".

El primer director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Enegría del Gobierno de Zapatero, Javier García Breva, critica la pretensión de cambiar la economía a golpe de ley: "Zapatero anunció la ley y todos a correr a prepararla. Pero un modelo económico no se cambia con una ley, sino que es un proceso muy largo".

García Breva, que ahora es directivo de una empresa de renovables, sonríe cuando escucha que la gran apuesta es la energía limpia. Sobre todo porque en mayo, el Boletín Oficial del Estado publicó un decreto ley del Ministerio de Industria que les acusaba de poner en riesgo el sistema: "La tendencia que están siguiendo estas tecnologías , podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico".

El Ejecutivo defiende la norma. "Es cierto que la ley llega ahora y no en la primera legislatura, pero el lenguaje del cambio de modelo, de la apuesta por la innovación, la educación o las renovables han estado desde la primera legislatura. Otra cosa es que se haya hecho con más o menos éxito", explica uno de los defensores del proyecto. La inversión pública en renovables creció en España en los primeros cuatro años de Zapatero hasta el punto de que las renovables produjeron en agosto un 22% de la electricidad consumida. Y eso que agosto es un mes malo por la falta de lluvias y la escasez de viento. Pero según denuncian los productores de energía verde, la apuesta se truncó hace un año, cuando una norma de Industria cortó en seco el despegue de la solar fotovoltaica -que vivía una burbuja descomunal- y siguió en mayo cuando una norma impuso cupos para controlar el crecimiento de la eólica.

Poca gente duda de que la apuesta es correcta. Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y experto en Economía del Cambio Climático, señala: "Con una economía en crisis el petróleo ronda los 70 dólares, un nivel impensable hace unos años. En cuanto se reactive un poco se disparará y todo lo que hayamos invertido en ahorro, eficiencia y en electrificar el transporte estará bien invertido".

Otra de las pegas de la norma es que los miles de millones invertidos contra la crisis no han ido en esa dirección, como afirma Joaquín Nieto, presidente de honor de Sustain Labour y una de las personas más activas en el sector: "Entre los países de la OCDE, España figura entre los países que menos ha destinado a la economía verde en los planes de estímulo". Mientras Alemania ha destinado un 1% de su PIB a planes de estímulo relacionados con el medio ambiente, España sólo ha destinado el 0,13%, aunque en esa cifra no se incluye la partida de la Ley de Economía Sostenible.

El plan de empleo en los ayuntamientos es un claro ejemplo de que la reacción ante la crisis no ha ido en la dirección más ecológica. Buñuel coincide: "El Plan E se puso en marcha aceleradamente para frenar el crecimiento del desempleo, y ese era su único fin. Lo que es de esperar es que su sucesor sólo financie inversiones que aumenten la productividad de la economía y el cambio de rumbo hacia la sostenibilidad, en lugar de cosas como el cambio de la malla que rodeaba un campo de deportes junto a mi casa por una verja metálica, al que dudo que ninguno de mis vecinos encuentre la más mínima utilidad. En este caso, el dinero del Plan E me parece que se ha desperdiciado". Este experto añade que si su ayuntamiento le hubiera preguntado "les habría dicho que cambiara las ventanas de casas por otras que aislaran mejor del frío y del calor".

La sensación de improvisación y de ley cajón de sastre se acrecienta porque la norma también incluirá una definición de la vida útil de una central nuclear para blindar así el cierre de la central nuclear de Garoña en 2013 e implicar al Congreso ante el eventual recurso de las eléctricas.

Impuestos verdes

Durante cinco años el Ejecutivo se ha resistido a implantar la fiscalidad ambiental que anunció en su programa electoral de 2004. Ahora, con la caída de la recaudación y la crisis, los socios de izquierda del PSOE, como ICV, esperan que sea el momento.

El diputado Joan Herrera acoge favorablemente el impulso de la economía sostenible "siempre que sea en serio y que el gobierno apueste por la fiscalidad ambiental". Y lamenta que Zapatero eludiera la cuestión en su primer mandato: "El cambio de modelo era más sencillo hacerlo cuando se crecía al 4% que en plena recesión, pero bienvenido sea si va en serio".

La legislatura pasada, tras grandes reticencias por parte de Hacienda, el Gobierno reformó el impuesto de matriculación para que dependiera de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero no fue más allá. "La fiscalidad ecológica se defiende desde la oposición, pero desde el Gobierno se hace muy difícil, por no decir imposible", sorprendió -por la franqueza- entonces el subdirector de Tributos Especiales de Hacienda, Alberto Cornejo. Lo dijo en el Congreso Nacional de Medio Ambiente en 2006 ante una audiencia atónita.

ICV, CC OO, WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción presentaron en julio pasado una proposición de ley para crear impuestos sobre la energía nuclear, bolsas de plástico y el vertido e incineración de residuos y modificaciones en los existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA.

Sin embargo, el Ejecutivo no parece inclinarse por esa opción. Desde hace más de un año Hacienda estudia cambiar el impuesto de circulación para que también dependa del CO2 pero la reforma, que apoyó el PSOE, ha encallado.

Miguel Buñuel, profesor de Economía y experto en fiscalidad ambiental, no entiende el rechazo a esta figura: "Las reformas fiscales ecológicas se iniciaron en los países escandinavos hace casi 20 años, y han sido seguidas por la mayoría de los países europeos. España es una de las pocas excepciones. La fiscalidad ambiental permite obtener ingresos públicos gravando males como la contaminación, en lugar de bienes como el trabajo, gravado por el IRPF y las cotizaciones sociales".

Los expertos sostienen que crear impuestos sobre el plástico o la incineración se pueden compensar con bajadas en otros tributos de forma que el impacto total sea neutro. -

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS